Puigdemont acusa al Supremo de hacer un «uso fraudulento» del terrorismo con Tsunami

Estos once encausados en las investigaciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo por las protestas de la plataforma en 2019, en respuesta a la sentencia del 'procés' y que derivaron en actos violentos, han afirmado este martes que los órganos judiciales hacen un «uso fraudulento del delito de terrorismo» para evitar la aplicación de la Ley de Amnistía. Denuncian que los jueces García Castellón o Manuel Marchena (presidente del tribunal del Supremo que estimó investigar a Puigdemont pese al criterio de la Fiscalía) «no son competentes ni imparciales» y les reprochan haberse alineado con la extrema derecha para construir «una causa política».

Según añaden, las investigaciones que han alimentado el 'caso Tsunami' llevan «años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales en el tejido asociativo o el espionaje ilegal con Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados» para engordar la causa. Por ello, han denunciado la «indefensión jurídica» que les provoca esta situación y han pedido hacer valer las garantías de sus derechos, que ven amenazados, y que en cualquier Estado de derecho se deberían asegurar.

Entre los firmantes se encuentran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; la secretaria general de ERC Marta Rovira (citada el próximo miércoles en la Audiencia Nacional y que reside en Suiza); el diputado republicano en el Parlament Ruben Wagensberg (en el país helvético también) o el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. También los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; la militante de ERC Marta Molina; el periodista Jesús Rodríguez; el considerado tesorero de Tsunami Jaume Cabaní y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra. Este colectivo cultural y los partidos independentistas Junts per Catalunya, ERC y la CUP también firman el comunicado.

En el plano meramente judicial, García Castellón ha tomado declaración este martes como perjudicados a dos agentes de la Policía que sufrieron lesiones en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, tras conocerse la sentencia del 'procés'.

Los funcionarios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) acudieron en calidad de testigos-perjudicados al juzgado para ratificar su parte de lesiones y relatar que se ese día estaban dando protección a una comisaría cuando fueron atacados por «un grupo de personas encapuchadas y embozadas» que «usaron técnicas de combate similares al terrorismo callejero (kale borroka) practicado en el País Vasco», según su abogado.

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Uno sufrió heridas en una mano y un traumatismo craneoencefálico y el segundo una fractura abierta en un brazo que provocó que fuera jubilado a la edad de 45 años. García Castellón siempre ha puesto el acento en estos dos casos particulares para justificar el delito de terrorismo con grave alteración a la paz pública y crear un «clima de terror» contra los agentes mediante el uso de la violencia.