El PSOE sortea el rifirrafe por la financiación con una fórmula que vale a Illa y a Page

El incendio prometía intensas llamaradas. Pero estas, en un contexto en el que el PSOE batalla por sostener la legislatura y con los variados frentes judiciales que se le han abierto alrededor, no han llegado a quemar el congreso de Sevilla, aunque las disonancias sigan latentes y el balón se haya dejado correr con un renovado e incierto compromiso con la profundización en el federalismo.

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Hasta este sábado la dirección socialista había ventilado el más espinoso de sus dilemas internos -cómo conciliar el acuerdo que avanza hacia la soberanía fiscal catalana aun cuando el PSC se niegue a identificarlo como un concierto a la vasca (como sí interpreta ERC) con los intereses de las comunidades infrafinanciadas del régimen común- con siete evanescentes líneas en su ponencia marco para el congreso. Un párrafo llamado a intentar contentar a todos al reivindicar un nuevo sistema «más justo», que garantice mayores recursos para todas las comunidades y un refuerzo de los servicios públicos, «compatibilizando solidaridad e igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades».

A esa redacción «placebo», admitió García-Page, se le añadía el pie en pared del PSOE ante el «'dumping' fiscal» atribuido a las comunidades en manos del PP y, singularmente, a Madrid. La formulación permitió al líder castellanomanchego arrogarse, antes de que se reuniera la comisión que iba a analizar las enmiendas de las federaciones, el logro de que la ponencia no tuviera «el gramaje de hostilidad» que él y otros barones concernidos podían «barruntar» desde la firma del pacto entre el PSC y Esquerra.

Tras tres horas de intercambio de pareceres en el grupo de trabajo, los de García-Page se declaraban ganadores por haber forjado un acuerdo más amplio que el planteado de inicio y que subraya que la reforma hacia un «modelo de financiación federal» será aprobado «de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera», garantizando «la igualdad de derechos» en el acceso a los servicios públicos con independencia de dónde se viva.

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El reverso del consenso, el que propicia que los socialistas catalanes salgan incólumes del congreso, es la admisión de que lo que se acabe modificando se hará «sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos». Una salida de compromiso a la espera del desafío de verdad: la traslación práctica del acuerdo con una dividida ERC forzada a mostrarse exigente con Sánchez.