Lo que Vox se juega si rompe su pacto con el PP en Valencia

La eventual ruptura del acuerdo de Gobierno en la Comunitat Valenciana supondría, sobre el papel, la salida de sus cargos de los tres consellers de Vox. El debate respecto a la relación que cada uno de ellos mantiene con el PP y si alguno estaría dispuesto a continuar incluso en el caso de que Abascal ordene romper los pactos con el PP es, a día de hoy, pura especulación.

Lo que no lo es afecta a la visibilidad política de la que dispondría Vox en la Comunitat Valenciana, por una parte. Y a la nómina de altos cargos y asesores que dependen de este partido y que cobran su sueldo por desempeñar su labor en la administración autonómica. Y que, sobre el papel, también podrían acabar teniendo que dejar sus cargos. Secretarios autonómicos, directores generales, responsables de empresas públicas, personal eventual... Un primer balance de cargos que podrían verse afectadas en el caso de producirse esa ruptura total de PP y Vox afecta prácticamente a medio centenar de personas.

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El planteamiento tiene que ser en condicional. Podrían verse afectados, pero puede que no todos. Está por ver, en el caso de que se confirme esa ruptura, que alguno de ellos planteara la posibilidad de seguir en el cargo -alguno ha tenido que dejar su empresa o su actividad privada, y puede no tener ahora mejor salida- o fuera el propio PP valenciano el que se lo sugiriera.

En todo caso, lo que dice la ley de presupuestos es que un vicepresidente del Consell, como Vicente Barrera, y que consellers como Elisa Núñez o José Luis Aguirre cobran 66.634,68 euros al año. Que los secretarios autonómicos perciben 66.619,68 euros anuales, y que los subsecretarios y directores generales se mueven en una horquilla que va de los 61.500 a los 63.600 euros al año. Los sueldos del personal eventual se sitúan en el entorno de los 2.700 euros netos mensuales. Sueldos, coches oficiales, asesores y todo lo que va unido a la condición de alto cargo de un Gobierno autonómico estaría en juego para Vox en caso de certificarse esa ruptura.

Sobre el papel, los que se verían afectados por esta decisión son los cargos que componen el primer y segundo escalón del Gobierno valenciano en las consellerias dirigidas por Vox. La vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte, por ejemplo, cuenta con una subsecretaria, Virginia Jiménez; una secretaria autonómica, Paula Añó; un director de gabinete, Joseca Arnau, además de tres direcciones generales. Esta conselleria dispone además de tres asesores de asuntos generales, uno de asuntos parlamentarios y otro de prensa.

Del departamento de Barrera dependen además diversos institutos y centro culturales, aunque bajo su mandato sólo se han nombrado responsables del Instituto Valenciano de Cultura, Álvaro López-Jamar, y del Consorcio de Museos, Nicolás Bugeda. Otras entidades como el IVAM siguen sin tener nuevo responsable, mientras que el Palau de les Arts o el Belles Arts mantienen a sus anteriores titulares.

De la conselleria de Justicia e Interior que dirige Elisa Núñez dependen tres secretarías autonómicas, la de Justicia, la de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia y la de Seguridad y Emergencias, y un total de cuatro direcciones generales. El SA de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, es a su vez responsable de la SGISE, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, de la que dependen un millar de bomberos forestales. Justicia tiene un único asesor como personal eventual, según figura en GVA Oberta, aunque algunos medios recogen una segunda persona con esa condición. La subsecretaría de este departamento la ocupa Ricardo García García, fichado por Vox aunque con trayectoria política en el Gobierno de Zapatero.

En Agricultura, por su parte, la cartera de José Luis Aguirre cuenta con una secretaría autonómica, la que ocupa Javier Bartolomé y con cinco direcciones generales -Desarrollo rural, Producción agrícola y ganadera, Pesca, de Política Agraria Comùn (PAC) y de Industria y Cadena alimentaria-. En cuanto a personal eventual, el departamento cuenta con una directora de gabinete, Rosario Ruiz, un asesor de asuntos generales, otro de asuntos parlamentarios y uno de prensa. Bartolomé es también el responsable de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. Con Vox al frente del departamento se produjo también el relevo al frente del IVIA.

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Todos esos cargos y toda esa nómina de personal eventual podría verse afectado por una eventual ruptura. La proverbial discreción de muchos de los cargos nombrados por el partido no impide que ese dato, el de lo que se podría perder en el caso de ruptura, sea uno de los factores que provoca que cargos de Vox piensen que, finalmente, la sangre no llegará al río. O al menos no en el caso de la Comunitat.