La UCO cree poder recuperar los datos siempre que el fiscal general no haya destruido su móvil

Según revelan fuentes de la investigación, Hurtado se ha hecho en tiempo récord con los conceptos básicos de los móviles de la mano de los propios agentes del denominado 'Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción' de la UCO, que son los que están adscritos al caso, con la promesa de que si se deja guiar en sus indagaciones no todo está perdido. Que todavía cabe la posibilidad de acceder a los datos borrados por el fiscal imputado, sobre todo si García Ortiz no ha llegado a destruir físicamente el terminal que usaba en marzo de 2024 cuando se filtraron los correos electrónicos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La situación es la siguiente, según diversos documentos que ya obran en la causa y a los que ha tenido acceso este periódico. García Ortiz entregó el 30 de octubre, durante el registro de la UCO en la Fiscalía General, un Samsung Galaxy A54 5G, que no era el que usaba entre el 8 y 14 de marzo de 2024. En ese móvil, el fiscal imputado tenía dos líneas: una propia a su nombre con Movistar y otra oficial de Vodafone a nombre de la Dirección de General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda.

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Los IMSI (international mobile subscriber identity) de las tarjetas de García Ortiz que se hallaron en el móvil entraron en funcionamiento en octubre y en febrero de 2020, respectivamente, pero, según fuentes de la investigación, las SIM encontradas en el interior del Galaxy en realidad eran duplicados de las originales, por lo que el análisis forense de esas tarjetas no arrojó ningún resultado.

El único dato que la UCO pudo arrancar de ese móvil 'virgen' y de los duplicados de las tarjetas es que las SIM comenzaron a operar dentro del nuevo Galaxy el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo encausara a Álvaro Ortiz y un semana antes de que la UCO allanara el despacho del fiscal general del Estado.

Con estos escasos mimbres –y siguiendo el consejo de los expertos de laboratorio de la UCO–, Hurtado el pasado martes ordenó varias gestiones a la Guardia Civil, entre ellas que pidieran a Vodafone y Telefónica el listado del tráfico de llamadas, que las compañías tienen obligación de mantener durante un año, con el nombre del receptor y el tiempo de las comunicaciones.

Pero ese día el juez ordenó otra diligencia que puede tener mucho más alcance que conocer con quién se telefoneó García Ortiz la noche del 13 de marzo, cuando se produjo la filtración de los correos de González Amador a la prensa afín como forma de desmontar el bulo de que la Fiscalía había pedido un pacto al novio de Ayuso. Se trata de que las compañías faciliten los números IMEI (internacional mobile equipment identity) del terminal o terminales en los que estaban las tarjetas originales, que luego han sido duplicadas. Este número –que «es un identificador único que es identificativo para cada terminal telefónico», según recuerda la UCO al juez en uno de sus últimos atestados– es básico para conocer qué móvil o móviles usaba en marzo el fiscal general y para dar el siguiente paso en esta investigación: reclamar con ese IMEI a García Ortiz que entregue el móvil o móviles físicos que utilizaba en las fechas de la filtración.

Y es que, según han revelado a este periódico mandos del operativo, aunque el fiscal general haya formateado de «manera intensiva» ese móvil o móviles en las que estaban sus dos tarjetas, hay posibilidad de recuperar los datos borrados –sobre todo mensajes de texto– siempre que ese o esos aparatos no hayan sido destruidos físicamente –particularmente a través del fuego o de la pulverización–, algo que, en absoluto, descartan ya en el Supremo y en la UCO visto el cariz de los acontecimientos.

Si el aparato todavía existiera, la UCO tiene previsto aplicarle el programa de recuperación israelí Cellebrite Ufed, que, aunque no es infalible al 100%, sí que tiene un «altísimo grado» de eficacia para recuperar datos de terminales formateadas o dañadas como ya demostró la Unidad Central Operativa con el móvil del conseguidor Víctor de Aldama, donde 'resucitó' los mensajes borrados con Koldo García sobre el chalet de Cádiz para José Luis Ábalos; o en el 'caso de Diana Quer' para hacerse con datos del móvil lanzado a la ría.

Las otras vías ajenas al 'file carving' (tallado de archivos) de Cellebrite para acceder a los datos cancelados son más inciertas, explican fuentes de la investigación, que ya ultiman el informe que ha solicitado el instructor Hurtado sobre las posibilidades de recuperación de los mensajes.

La primera sería intentar acceder (con o sin las claves de García Ortiz) a la copia de seguridad que el terminal realiza en la nube del contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea. Si, como es más que probable, el fiscal general también borró su nube, la única posibilidad de acceder a ese almacén de seguridad sería a través de un requerimiento, de efectividad muy incierta, a Facebook, Google o Apple para acceder a ese almacén.

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La tercera opción es igualmente incierta visto el «escaso éxito» de los antecedentes, reconocen en la UCO, y es pedir a Meta, propietaria de WhatsApp a través de una comisión rogatoria, las copias de seguridad del sistema de mensajería del fiscal general. «Buena parte del futuro de este caso va a depender de si García Ortiz llegó al extremo de echar al fuego su viejo móvil», resumen gráficamente los expertos del laboratorio de la UCO en las cercanías del Aeropuerto de Barajas.