El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala las actuaciones del Constitucional en el 'procés'

En julio de 2020, el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, y el exsecretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, entonces de Junts, presentaron una denuncia contra el Tribunal Constitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según la denuncia, el Tribunal Constitucional había «censurado» debates sobre la autodeterminación y contra la monarquía en la Cámara catalana. Y había «coaccionado» a los parlamentarios para intentar que esos debates no tuvieran lugar. Las actuaciones del Constitucional en relación al 'procés' arrancaron en 2015, cuando anuló la resolución aprobada por el Parlament que daba inicio el camino hacia una «república catalana independiente». Entre 2015 y 2019, el Parlament aprobó varias resoluciones, todas ellas anuladas por el Constitucional, sobre la voluntad del Parlament de ejercer la autodeterminación. En todos los casos, el tribunal de arbitraje advirtió a los diputados independentistas de que tenían que abstenerse de tomar iniciativas que pudieran suponer «ignorar o eludir las sentencias anteriores del Tribunal Constitucional».

El tribunal europeo ha resuelto que el Tribunal Constitucional no vulneró la libertad de expresión y los derechos políticos de los diputados cuando vetó las resoluciones sobre la autodeterminación y contra la monarquía en 2019. Según el TEDH, el Tribunal Constitucional, anulando las resoluciones del Parlament, actuó de forma «proporcionada y necesaria» y lo hizo teniendo en cuenta un «objetivo legítimo» como es la protección del orden constitucional y los derechos.

En 2021, Costa, Campdepadrós y los miembros independentistas de la Mesa (incluido el expresidente, Roger Torrent) fueron procesados por desobediencia por ignorar los mandatos del Constitucional tras admitir a trámite un debate parlamentario sobre la independencia y la reprobación de la monarquía en 2019. En noviembre de 2022, el TSJC absolvió a Costa, Campdepadrós y al que era el presidente del Parlament Roger Torrent, así como a Adriana Delgado por desobediencia al Constitucional. El alto tribunal catalán entendió que no cometieron un delito de desobediencia pues a su entender los autos del Tribunal Constitucional de los días 10 y 16 de octubre de 2019 no tenían un mandato claro y específico. La Fiscalía recurrió la absolución al Supremo, que aún tiene que decidir si les aplica la amnistía. Costa y Campdepadrós, en cualquier caso, han renunciado a que se les aplique la amnistía.