El Tribunal de Cuentas advierte con sanciones a Vox, Sortu y los Comunes por ocultar la identidad de sus donantes

Tres infracciones recogidas en la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos y que podrían conllevar sanción, según se desprende del Informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos de 2020 publicado este viernes, el mismo día en el que más del 90% de los afiliados de Vox aprobó sus cuentas en la Asamblea General Ordinaria.

El órgano deberá ahora informar a los partidos y abrir un periodo de alegaciones para resolver si inicia expediente contra estas formaciones que podría derivar o no en la imposición de una sanción.

El Tribunal pone el foco en los ingresos privados de Vox. Se fija en un importe de 91.972 euros que ingresó en efectivo este año y cuyo origen no ha justificado. El partido de la derecha radical también declaró un importe de 102.048,30 euros a través de cajeros automáticos que fueron registrados como actividades promocionales pero sobre los que el órgano considera que «existe una incertidumbre relativa a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos». Sobre esta cuantía detecta 53 ingresos por un importe superior a 300 euros -un total de 29.491,81 euros- que incumplen la normativa que obliga a identificar al donante.

El informe menciona expresamente un traspaso de fondos en diciembre de 2020 por un total de 87.332,50 euros desde la cuenta corriente específica de cuotas a la de donaciones que está registrado en las cuentas bancarias pero no en el balance, así en un importe de 55.418,40 euros sin justificar de ingresos excepcionales «regularizado al cierre del ejercicio 2020, sin que la formación haya acreditado el motivo de dicha regularización». No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas regaña a Vox. Ya lo hizo en el informe relativo a los años 2018 y 2019.

La advertencia sobre Sortu y los comunes también se ciñe a las donaciones no identificadas. Para la formación independentista, el órgano apunta a un gasto de 21.221,09 euros procedentes de pagos realizados a través de tarjetas de crédito de cargos políticos para los que «no se ha podido verificar que se encuentren destinados a fines propios de la formación política».

Sobre los comunes, el informe cuestiona su relación con Barcelona en Comú donde «no consta la información correspondiente al acuerdo económico firmado con el partido BComú a través del cual se le aporta el 25% de los ingresos públicos» procedentes de la representación en el Congreso, Diputación de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona y el Parlament de Cataluña.

Por otro lado, IU, Nueva Canaria y la CUP no reflejaron adecuadamente su situación financiera y patrimonial en 2020, según el informe. En el caso de IU, tampoco incluyó en sus cuentas la totalidad de la actividad de las organizaciones locales, situación en la que también se encuentran el PSOE, Bildu y PNV.

El órgano ha analizado las contabilidades de 25 partidos en 2020 y alerta sobre la dependencia de fondos públicos. En total recibieron 245 millones de euros en subvenciones, de los cuales el 73% -179 millones- provenía de financiación pública y el 27% restante -66 millones- de entidades privadas.

El órgano fiscalizador también ha aprobado la declaración sobre la cuenta general del Estado, correspondiente al ejercicio 2022. Lo más destacable es el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, por sexto año consecutivo, que asciende a casi 89.000 millones de euros, por lo que el Tribunal propone a las Cortes que se adopten medidas para resolver esta situación.

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Asimismo, la deuda pública en la Administración General del Estado ascendía a final del ejercicio a 1.333 millones. Y un último apunte: el informe destaca la existencia de pagos a justificar por un importe de 1.143,7 millones de euros que han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos.