El Supremo frustra el intento del fiscal general por frenar la investigación internacional para recuperar su información borrada. El alto tribunal ha acordado mantener intactas ... las comisiones rogatorias que envió el pasado 20 de enero a Irlanda reclamando la colaboración de WhastApp y Googlea fin de poder recuperar los datos que el fiscal general del Estado borró de esa ampliación de mensajería y de su correo de Gmail el pasado 16 de octubre. Esa cancelación general de información tuvo lugar solo horas después de que el Supremo anunciara que abría una causa contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos presuntamente por haber participado en las maniobras para filtrar en marzo de 2024 el correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
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Ángel Luis Hurtado, el instructor en el Supremo de la causa contra el fiscal general, ha rechazado todas las solicitudes de éste para que en la comisión rogatoria se agregaran varias adendas en las que se recogiera en la petición enviada a Dublín las alegaciones del imputado de que en esta investigación se están «vulnerando los derechos fundamentales» de García Ortiz, algo «totalmente inusual» en un procedimiento burocrático y tasado como es el de una comisión rogatoria, según avanzaron en su momento fuentes del alto tribunal.
García Ortiz, además, había pedido que se diera traslado a Eurojust -la institución que tramita la colaboración internacional dentro de la UE- de las «alegaciones» del imputado ante el Supremo y que éstas se «incorporaran» al expediente de la comisión rogatoria, algo igualmente inédito.
«Fuera de la causa»
El juez se ve en la obligación de recordar al fiscal general que «la comisión rogatoria, como instrumento de cooperación judicial internacional, lo es de colaboración entre autoridades judiciales de distintos Estados para la realización de determinadas diligencias judiciales que acuerda el juez de uno de ellos para su ejecución en otro». O sea, que en modo alguno, es un procedimiento, «como pretende la representación del investigado», para «dejar en manos de un juez extranjero» la «valoración de un material» y, además, haciendo ese análisis basándose solamente «en función de las alegaciones de un sola de las partes», en este caso la del imputado.
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«En realidad, no nos dice la representación del investigado en qué precepto se basa para que se dé cumplimiento a sus solicitudes, no sabemos si es porque, como indica la representación de la acusación particular, no existe previsión legal alguna que ampare la petición de comunicación efectuada por el investigado», denuncia el juez, quien insiste en que el fiscal general, en realidad, lo que busca es «trasladar una parte del debate fuera de la presente causa», sin que además de consulte a todas la partes, negando «el principio de contradicción».
Aunque ni los investigadores ni el juez tienen demasiadas esperanzas en esta vía de colaboración internacional habida cuenta de los poco halagüeños antecedentes, el pasado 20 de enero, y a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el instructor Hurtado pidió a Irlanda ayuda para que WhatsApp y Google le entreguen los datos borrados por el usuario que están en las copias de seguridad de ambas compañías.
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En cuanto a Google, el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo solicitó los datos almacenados en los servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados, aplicaciones de terceros, chats y registro de comunicaciones, con datos cruciales como la fecha, la hora, el origen, el destino o el tipo de comunicación. En el caso de WhatsApp se solicitaron los mensajes entre el 8 y 14 de marzo de 2024, horquilla temporal de la filtración.
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