El Supremo involucra a Moncloa en la filtración de los datos del novio de Ayuso

El juez del Supremo Ángel Luis Hurtado –instructor de la causa abierta a Álvaro García Ortiz– quiso entrar de lleno este lunes en ese espinoso asunto. Lo hizo en una resolución en la que se podía haber limitado a exponer de manera extensa los indicios que, según los indicios recabados hasta ahora, hacen indispensable llamar como imputados en esta causa al fiscal general; a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez ; y, ahora también, al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez.

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En dicho auto, en el que da el paso a citar a declarar a García Ortiz este 29 de enero, Hurtado sostiene que existen indicios de peso de que la cúpula del Ministerio Fiscal, además de filtrar los correos de González Amador a la prensa, envió a Moncloa el mail en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía los dos delitos de su cliente en busca del citado pacto de conformidad. Todo ello, con el fin de que éste fuera utilizado desde la jefatura del Gobierno contra la propia Ayuso en el pleno de la Asamblea madrileña.

«Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación El Plural.com», reza el sensible párrafo de la resolución judicial. La mencionada fecha, ese 2 de febrero de hace un año, alude al momento en que el letrado González Amador hizo llegar su mail al fiscal encargado del caso, Julián Salto. La referencia al medio digital, dirigido entonces por Angélica Rubio, la exdirectora de Comunicación de Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero, tiene que ver con la difusión de la información que desembocó en la renuncia de Juan Lobato al frente del PSOE madrileño.

El instructor relata que una vez llegado ese mail a Moncloa «se puso a disposición del testigo» Lobato al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 [de marzo de 2023] en el pleno» del Parlamento autonómico. Como ha confesado él mismo en el Supremo y tras haber levantado acta notarial de la conversación de chat, el exdirigente socialista se negó a airear ese mail que, de manera íntegra y sin anonimizar, le envió Pilar Sánchez Acera.

La entonces jefa de Gabinete del, a su vez, jefe de Gabinete del presidente Sánchez y ahora ministro, Óscar López, le remitió el mensaje a las 08:30 horas del citado 14 de marzo a través de WhatsApp a fin de que lo esgrimiera ante Ayuso en la sesión que iba a celebrarse esa misma mañana en la Asamblea. Lobato se opuso a blandir un correo privado que no había sido publicado en prensa previamente: «Si no parece que me lo ha dado la Fiscalía», adujo.

Ante estas circunstancias, añade el auto de Hurtado, Moncloa maniobró contra el reloj para que el mail se difundiera de manera inmediata. «Desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio 'ElPlural.com' del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados». Este es el correo, constata el magistrado, que muestra Lobato en la Asamblea; el que aparecía sin referencias ocultas es el que había recibido, primero, «de Presidencia».

Más allá de anticipar que en un futuro el Supremo podría dirigir sus investigaciones también contra los miembros de Moncloa señalados, el instructor centró el lunes sus esfuerzos en recopilar, negro sobre blanco, las pruebas contra los tres imputados a los que va a interrogar en breve. El miércoles 29 de enero, a las 10 horas, García Ortiz se convertirá en el primer fiscal general del Estado en democracia en declarar como imputado por la posible comisión de un delito.

Hurtado lo ha citado ese día como investigado para tomarle declaración, porque –justifica el juez– las «diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, que hay una base indiciaria para presumir la relevante participación» de García Ortiz en la «filtración» de los correos electrónicos que se cruzaron el abogado del novio de Ayuso y Salto. Indicios que, añade, «apuntalan» que el fiscal general «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella (a la revelación de datos confidenciales de González Amador), aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición». Y todo ello, usando el imputado «su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos».

Un día después del fiscal general pasará por el Supremo, también como imputada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Pero ello dos, que hasta ahora eran los únicos investigados en este procedimiento por revelación, tendrán compañía. Hurtado «acuerda extender la condición de investigado» a Diego Villafañe, que comparecerá el 5 de febrero, dado que éste «se podría haber concertado» con los anteriores para la filtración.

Los fiscales progresistas cargan contra el juez instructor

«Disconformidad y perplejidad». Con esos términos se expresó este lunes la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras la citación por el Tribunal Supremo para que declare como imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su vez veterano miembro de dicho colectivo. En su opinión, dicha decisión judicial supone «criminalizar el funcionamiento normal de la Institución del Ministerio Fiscal» e incluso considera que se pone con ello en duda los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, «el ADN del Ministerio Fiscal y consagrado en la Constitución»

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A través de una nota publicada en la red social X, dicha asociación –minoritaria en la carrera- considera que la resolución del alto tribunal es «altamente discutible» e «ignora la norma esencial que rige la actuación del Ministerio Fiscal», lo que supone un «ataque directo a la Institución» y a su «funcionamiento interno». Esta vez los fiscales progresistas salen en defensa de la teniente fiscal de la secretaria técnica, Pilar Rodríguez –también miembro de la UPF y nueva imputada-, porque la dación de cuentas a García Ortiz de los asuntos trascendentes, como máximo responsable, «no es una posibilidad sino una obligación en aras de mantener esos mismos principios de jerarquía y unidad de actuación».