El silencio del Gobierno da alas al relato secesionista sobre la amnistía

Uno tras otro, los once presidentes autonómicos del PP, el vicepresidente canario, más los mandatarios de de Ceuta y Melilla, incidieron fundamentalmente en una idea: que la amnistía socava los pilares del Estado de derecho, entre otras cosas, porque no consiste en perdonar a aquellos que hace seis años desafiaron la Constitución sino «pedirles perdón» y porque vulnera el principio de igualdad recogido en la Carta Magna. «¿Qué mensaje se manda a las comunidades autónomas que hemos defendido nuestras reivindicaciones por los cauces legales?», cuestionó la balear Marga Prohens. «¿Qué les digo a los murcianos -abundó Fernando López Miras-, que hay que cumplir la ley sí o no? ¿O que depende?».

Salvo por escasas pinceladas sobre sus pretensiones, como la afirmación de que «hacer política implica generosidad», la consideración de que la «crisis política» catalana «nunca tuvo que derivar en una judicialización» o la referencia a una amnistía como «una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia, Pedro Sánchez ha evitado desde el pasado 23 de julio aclarar los términos del perdón absoluto que está dispuesto a conceder a los implicados en el amago independentista de 2017 para conseguir el apoyo de los siete diputados de Junts a su investidura. Es más, ha decretado el silencio absoluto de los pocos que en su entorno conocen realmente lo que negocia. Pero esta misma semana, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, erigido ya en su principal defensor en la pasada campaña, alegó que cuando el presidente en funciones negaba hace solo tres meses a los partidos secesionistas la amnistía que demandaban por considerarla inconstitucional »se refería al tipo de amnistía que habían presentado los independentistas«.

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En la cita en el Senado, sin embargo, ese «tipo de amnistía», la que propugna el independentismo, fue la única que se puso sobre la mesa. Ni el jefe del Ejecutivo ni ningún otro miembro de su Gobierno estuvieron presentes para explicar una distinta. Juzgaron que era mejor acusar al PP de «instrumentalizar» la institución en su beneficio, y justificar así su ausencia, antes que destapar sus cartas en una partida, la que juegan con Carles Puigdemont, que aún no ha terminado y no saben si ganarán. En privado, los socialistas sí dejan caer que su iniciativa exigirá, cuanto menos, una cierta renuncia al relato del secesionismo sobre lo que significó el 1-O, pero nada de eso emergió en la intervención de Aragonès, dirigente de un partido, Esquerra, que lleva semanas asegurando que en realidad la ley está ya negociada.

«La amnistía hoy es imprescindible para devolver lo que es un conflicto político a la política, para no volver a repetir el hecho de que vayan a prisión ciudadanos y ciudadanas por razones políticas, para terminar con los exilios forzados, con las multas, con los espionajes que hemos sufrido, con las inhabilitaciones por razones políticas o con la persecución que sufren ciudadanos de nuestro país por haber ejercido el derecho a la manifestación», dijo Aragonès, incidiendo en la visión de España como Estado represor. «La amnistía -dijo también- no es el punto final. Es el punto de partida que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum».

El presidente de la Generalitat, el primero en intervenir por protocolo (se sigue el orden de aprobación de los estatutos), recriminó además a los populares que equiparen la amnistía a un «golpe de Estado» cuando está en vigor una ley, la de 1977, que «impide investigar los crímenes de sangre de la dictadura» o que pongan el grito en el cielo cuando no se «escandalizaron» con los 6.000 indultos que atribuyó tanto a Felipe González y a José María Aznar, entre otras, a personas condenadas por corrupción «de la de meterse el dinero en el bolsillo» (en ese listado estarían, el exministro del Interior socialista José Barrionuevo, el exsecretario de Estado Rafael Vera o el exdirector general de Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal o el expresidente cántabro Juan Hormaechea). Acusó al partido de Alberto Núñez Feijóo de utilizar a los catalanes «para sus peleas» pero no tener el mínimo interés en saber lo que piensan y a continuación se fue sin esperar a oír el resto de discursos. Una actitud que afearon la mayoría de sus homólogos.

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Hasta varias horas después no hubo respuesta por parte de ningún socialista. Y cuando llegó no fue para rebatir a Aragonès. El formato de este tipo de sesiones en el Senado da prioridad a los presidentes autonómicos, después pueden hablar durante cinco minutos los senadores de designación autonómica que así lo soliciten y por último los grupos parlamentarios. En el antiguo salón de plenos, donde tuvo lugar el no-debate (todo se limitó a una sucesión de intervenciones), estaban presentes dos expresidentes socialistas recientemente elegidos por sus Parlamentos como representantes en la Cámara baja, el valenciano Ximo Puig y el extremeño Guillermo Fernández Vara, pero ninguno de ellos pidió la palabra. Todo quedó en manos del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, el portavoz asignado a la comisión, que, en línea con la posición defendida desde Ferraz y Moncloa en los últimos días, acusó al PP de «pervertir» las reglas, de utilizar su mayoría absoluta con fines espurios para torpedear la investidura de su líder y de lanzar ataques «preventivos» sin saber aún qué va a impulsar el Gobierno. «Primero disparan por si acaso -reprochó- y luego veremos si es necesario defenderse». Espadas no dijo nada de la amnistía, pero sí hizo una advertencia al primer partido de la oposición: «La confrontación alimenta -dijo- a los que no quieren formar parte de este país».