Barrabés, testigo clave en el caso de Begoña Gómez, reconoce dos encuentros con Sánchez en Moncloa

Barrabés declaró apenas 30 minutos. El magistrado le permitió hacerlo mediante videoconferencia debido a su grave estado de salud y tras haber permanecido hospitalizado varias semanas. De hecho, el instructor tenía ya programada la toma de declaración del empresario en el mismo centro sanitario donde se encontraba ingresado y a pie de cama, e incluso requirió a Gómez acudir a escuchar a Barrabés bajo la amenaza de que podría dictar detención contra ella de no personarse, porque esa prueba podía acabar siendo decisiva en el juicio ante la severidad de la dolencia del testigo. Éste fue dado de alta el 9 de julio y la advertencia del juez Peinado quedó obsoleta. Ayer, la esposa del presidente del Gobierno ya no fue convocada por el magistrado.

Las acusaciones particulares –conformadas por Manos Limpias, Hazte Oír, Vox y Iustitia Europa– solicitaron a Peinado que, tras su declaración, Barrabés pasara a la condición de investigado, una medida que el juez rechazó de momento; pero que le obliga a decir la verdad y le niega la representación de un letrado en caso de ser otra vez citado. Por su parte, la defensa de Gómez aseguró tras la comparecencia que el testimonio del empresario no aportó dato alguno que pueda inculpar a su cliente en los delitos que se le atribuyen, más allá de que admitiera haberse reunido también con Sánchez.

El Ministerio Público y la defensa renunciaron a sus turnos de preguntas. Barrabés solo se vio obligado a responder a las cuestiones formuladas por Peinado y por las acusaciones particulares. En su testimonio, según señalaron fuentes jurídicas, el empresario negó cualquier acto ilícito. Sí ratificó esos dos encuentros con el presidente, en los que señaló que estuvo también presente el director general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. Pese al reconocimiento médico de la enfermedad que padece el testigo, las acusaciones particulares pusieron en duda el control de sus capacidades cognitivas y constataron ante el instructor que fuera capaz de recordar detalles como los de sus visitas a Moncloa mientras aseguraba no recordar otras cuestiones sobre las que fue interrogado.

Barrabés es especialista en la adaptación digital para grandes empresas y obtuvo diversos contratos de la Administración. Codirigió además el máster de liderazgo social que diseñó Gómez para la Universidad Complutense de Madrid. La mujer del presidente firmó de su puño y letra dos cartas de recomendación a su favor en julio de 2020 para acceder a las adjudicaciones con fondos europeos de la entidad pública Red.es. El testigo obtuvo contratos por un total de 10,6 millones que son los que ahora el juez Peinado busca aclarar.

Gómez volverá a comparecer este viernes de forma presencial en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Lo hará por segunda vez ante el juez instructor. La mujer del presidente ya lo hizo el 5 de julio. Entonces, el abogado de la investigada, Antonio Camacho, ex ministro socialista del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero, argumentó que no le había sido notificada la querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír. El juez decidió entonces aplazar el testimonio.

El viernes, Camacho sostendrá de nuevo ante el instructor el argumento de que Gómez es víctima de «una clamorosa indefensión». Sánchez va más allá y denuncia desde hace meses una supuesta ofensiva judicial contra su familia –su hermano también está siendo investigado por corrupción por una jueza de Badajoz–, en lo que supondría un caso de 'lawfare' o uso del poder judicial para fines políticos.

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En paralelo a la declaración de Barrabés, el juez Peinado dio órdenes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para investigar otros seis expedientes de contrataciones públicas en las que considera podría haber estado involucrada Gómez.    De estos seis contratos sospechosos, según el instructor, cinco fueron firmados con el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa como alcaldesa de Podemos Manuela Carmena, entre 2015 y 2019. Después fueron renovados por el regidor del PP, José Luis Martínez Almeida. La Fiscalía mantiene ante el juez Peinado que no existe delito en el comportamiento de Gómez, aunque la europea investiga si pudo darse un uso fraudulento de fondos comunitarios.