Sánchez vive un día aciago en el Congreso a manos de Sumar, Junts y el PP

En el Ejecutivo llevaban varios días felicitándose por el cariz que, a su juicio, estaban empezando a adquirir sus relaciones con la formación de Carles Puigdemont, después de más de un año de sustos y altibajos. El polémico pacto que permitirá, entre otras cosas, que los Mossos de Esquadra estén en las fronteras junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional o que la Administración catalana gestione la devolución de inmigrantes había enterrado definitivamente la exigencia del expresident catalán de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza en la Cámara baja.

Además y sin tener «incentivos», según el Ejecutivo, los posconvergentes habían apoyado la reforma legal que obligará a la solidaridad entre autonomías para acoger niños y adolescentes inmigrantes (y en la que Cataluña sale muy bien parada). «Fluyen las negociaciones con Junts y no es malo», proclamaban este miércoles en la Moncloa. «Van dos pactos que alumbran una relación que va mejorando», añadía una alta fuente del Ejecutivo, pese a admitir que éste sigue sin contar con su apoyo para la senda de estabilidad y, por tanto, para unos Presupuestos que ya se dan por perdidos.

Por esa sensación de que las cosas estaban mejor, precisamente, el golpe es mayor. La formación independentista, y también el PP, habían apoyado durante todo el trámite parlamentario la iniciativa impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar). Entre sus funciones, la Aesap iba a tener la preparación y respuesta frente a futuras emergencias y la vigilancia y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes. Su creación no generaba rechazo ni animadversiones de ningún tipo. De hecho, la formación independentista reconoció abiertamente, tras el varapalo, que su voto en contra nada tiene que ver con la ley.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, presentó la decisión como un castigo al Ejecutivo por haber vetado una enmienda que pretendía alargar la vida útil de las plantas de cogeneración para el tratamiento de purines y que su partido y el PP incorporaron en el Senado a la ley contra el desperdicio alimentario. Fue después de que la Mesa del Congreso ya hubiera aceptado, conforme al artículo 134 de la Constitución («Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno») la exclusión de esa enmienda.

Los posconvergentes y los populares sostenían que el texto ya había sido incluido en la ley a su paso por la Cámara baja. Y que, en el momento de su regreso al Congreso, solo podía eliminarse si una mayoría de los diputados así lo determinaba, pero que la Mesa no podía ya admitir un segundo veto gubernamental, como hizo el martes el órgano rector, en el que tienen mayoría PSOE y Sumar.

Este jueves hubo bronca. El PP paró el pleno en dos ocasiones para exigir que la ley se retirara del orden del día. Pero no lo logró por falta de unanimidad en la Junta de portavoces. Junts alega que esta era «una cuestión crítica para la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas catalanas y que ya se había aprobado». «Estaremos siempre al lado de los ganaderos y agricultores catalanes y el Gobierno haría bien en entenderlo -declaró Nogueras-. Ninguna agencia española está por encima de los payeses catalanes».

La ministra de Sanidad, que anunció su intención de volver a llevar la ley al Congreso, recriminó su actitud. «No es una revancha contra el Gobierno, es una revancha contra la salud de los ciudadanos», se revolvió. Y también ERC cargó contra los de Puigdemont. «Por una pataleta, son capaces de trabajar en contra de los catalanes», reprochó la diputada Etna Estrems.

El PP, mientras, se frota las manos ante lo que cree que no es sino una demostración más de que Sánchez «no tiene mayoría para seguir gobernando». El primer partido de la oposición no atribuyó su cambio de voto, respecto a lo que venía votando en comisión, a lo sucedido durante la jornada sino al discurso de Mónica García, que, no obstante, ajena a todo, había agradecido desde la tribuna la «actitud de entendimiento» de los grupos. En su turno, la portavoz popular, María del Mar Vázquez, ya dio aun así pistas de su desmarque, hablando de «chiringuito» sin financiación, «con un gran riesgo de servir al control político» y cargando contra la posibilidad de que sea Fernando Simón, voz técnica del Ejecutivo en la pandemia, quien lo dirija. Este jueves, el primer partido de la oposición hizo encajar todavía otro gol al Ejecutivo. Con el respaldo de Vox, de nuevo de Junts y también del PNV, logró sacar adelante una enmienda a la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que retira al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en las poblaciones situadas al norte del río Duero. «El Gobierno -concluyó el portavoz popular, Miguel Tellado- sale bastante mal parado de esta sesión plenaria».