Sánchez se resigna a retrasar los Presupuestos hasta que Junts y ERC resuelvan sus liderazgos

El Ejecutivo no tiene, en realidad, ninguna garantía de que las cosas vayan a mejorar una vez celebrados los dos cónclaves en los que las principales fuerzas independentistas renovarán estructuras y liderazgos, tras sus derrotas en los comicios autonómicos del pasado 12 de mayo y la investidura como president del socialista Salvador Illa. Pero lo que ya ha comprobado, sobre todo por parte de Junts, es que ahora mismo no se dan las condiciones para lanzarse a la piscina.

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Sánchez y su entorno habían dado a entender desde final del verano que no daban gran trascendencia a no poder aprobar las Cuentas públicas de 2025, lo que obligaría a prorrogar las de 2023 otra vez, después de haberlo tenido que hacer el año pasado dado que no hubo Ejecutivo en plenas funciones hasta diciembre. El presidente incluso se jactó en el comité federal del PSOE, el pasado día 7, de su intención de seguir adelante «con o sin el concurso del Legislativo». Pero el tiempo ha demostrado que en esa afirmación, tan criticada por la oposición como por los socios, había más de baldía estrategia de presión a Carles Puigdemont y los suyos que un planteamiento firme.

El hecho de que, a solo 48 horas de la votación, el martes se retirara del orden del pleno del Congreso la senda de estabilidad para evitar una nueva derrota parlamentaria, ya anunciada por los posconvergentes, da buena cuenta de ello. En su comparecencia en la sede de la misión española ante la ONU, Sánchez remarcó que su «plan A» es aprobar los Presupuestos, pero se resistió a hacer cábalas de qué ocurrirá en caso contrario.

No dijo, de hecho, cuál es el 'B'. «El Gobierno no va a renunciar a hacer sus deberes -enfatizó-. Vamos a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. Queremos hacerlo desde el acuerdo y para eso es importante contar con una senda validada por la mayoría».

Lograr ese primer reto, sin embargo, tampoco se presenta como una tarea sencilla por más que fuentes gubernamentales aseguraran la víspera que, tras días de portazos y malas vibraciones en la reunión que el PSOE y Junts celebraron en Ginebra el fin de semana, han visto una «grieta» para la negociación con el partido de Puigdemont. Una rendija que quieren aprovechar.

El Gobierno se ha prodigado esta semana en gestos hacia su socio más incómodo y menos comprometido. Ha desbloqueado las comisiones de investigación parlamentarias pactadas a cambio de la investidura; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha vuelto a poner en marcha para intentar que en el pleno del Parlamento Europeo se pueda usar el catalán; y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido la recusación del magistrado del Constitucional José María Macías, del sector conservador, para que no pueda intervenir en la decisión sobre la amnistía, pendiente aún de aplicar al expresident de la Generalitat (elemento esencial de fricción política).

Pero la formación independentista pide otras cosas: aumentar la ejecución presupuestaria en Cataluña, concretar ya la reforma de la financiación autonómica, asumir la «competencia integral» en inmigración y, en concreto, respecto a la senda de estabilidad, que se permita a las comunidades autónomas quedarse con un tercio del déficit permitido al Estado, lo que implicaría multiplicar por ocho la cifra prevista por el Gobierno. Algo que, según fuentes de Hacienda, es imposible y que la UE jamás aceptaría.

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Es evidente que Sánchez quiere contar con Junts para los Presupuestos, que sabe que no tiene otra salida. Pero este miércoles ni le apeló. De nuevo, endosó la responsabilidad al PP, que gobierna en la mayoría de las autonomías y a las que la falta de un nuevo marco presupuestario les obligará -insistió- a hacer ajustes de 12.000 millones en dos años.