Sánchez llega asediado por los tribunales al congreso que concibió para relanzar el PSOE

El Ejecutivo no oculta su frustración. En lugar del martes como suele ser habitual, el Consejo de Ministros se reunió este jueves, un día después de la comparecencia de Sánchez ante la Cámara baja sobre gestión de la mortífera DANA que el 29 de octubre asoló Valencia, para aprobar el tercer paquete de ayudas a los afectados por la catástrofe y trasladar el mensaje de que, pese al «ruido», el presidente y su equipo están «en lo importante, al lado de la gente». Pero ni eso ni su euforia por haber sacado adelante la semana pasada una reforma fiscal con la que los socialistas creen haber allanado el empinado camino de los Presupuestos ni los datos económicos se imponen.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, se tuvo que esforzar en la rueda de prensa en la que dio cuenta de las medidas aprobadas para intentar colar su cuña entre un cúmulo de argumentos destinados a minimizar y también a cuestionar las investigaciones que afectan a la mujer del presidente; a su hermano; al exsecretario de Organización del partido y exministro José Luis Ábalos; y, ahora, al propio corazón de La Moncloa, después de que ABC develara el domingo que Lobato había registrado ante notario una conversación que puede comprometer a excargos del gabinete del jefe del Ejecutivo en la revelación de secretos por la que ya está siendo investigado el fiscal general del Estado.

En el núcleo duro del Gobierno insisten en que no albergan preocupación alguna por lo que puedan desvelar los mensajes que el dimitido dirigente madrileño se cruzó en marzo con Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete del favorito de Sánchez para dirigir el PSOE-M, el ministro Óscar López. En ellos, Sánchez Acera compartió supuestamente con Lobato un correo privado del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía para que lo usara contra la presidenta madrileña en la Asamblea regional. Pero nadie sabe qué decidirá el juez. La clave está en si se puede considerar que la asesora de López y, en su caso, él mismo, participaron en un delito de revelación de secretos. Algo que Alegría negó: «Aludía a una información que había sido publicada en medios de comunicación», adujo en referencia a Sánchez Acera.

La ministra también despachó la decisión de la jueza de Badajoz de llamar a declarar como imputado al hermano de Sánchez por un posible delito de daños contra la Adminsitración Pública con el argumento de que los denunciantes son «organizaciones de ultraderecha» que utilizaron «informaciones falsas»; quitó importancia a que Begoña Gómez se sirviera para atender sus propios negocios de una directora de la Moncloa –que también tendrá que declarar ante el juez el 20 de diciembre– arguyendo que todas las esposas de los presidentes del Gobierno han tenido a su disposición a una persona contratada por Presidencia para asistirlas en cuestiones de «organización y logística»; y negó cualquier credibilidad a Víctor de Aldama, el empresario del 'caso Koldo' que hace una semana señaló a varios cargos socialistas –entre ellos, el secretario de Organización, Santos Cerdán–, como receptores de 'mordidas'.

Nadie espera este fin de semana grandes golpes de efecto de Sánchez en la designación de su nueva ejecutiva. Tampoco grandes discusiones ideológicas. Aunque se han presentado 400 enmiendas sobre financiación autonómica, el acalorado debate suscitado en verano por el concierto catalán prometido a ERC a cambio de investir a Salvador Illa    ya quedó muy diluido con una ambigua y superficial redacción en la ponencia. Tampoco habrá ahora –eso queda para los congresos regionales– bronca orgánica. Pero el 41º congreso federal distará mucho de ser esa fiesta, sanadora de las heridas del pasado, que representó el anterior en 2021, cuando el PSOE podía exhibir un inmenso poder territorial desintegrado en las elecciones de 2023.

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Esos procesos servirán para medir hasta dónde llega ya la fuerza de Ferraz, que aspira a remover varios liderazgos. Lobato no ha aguantado el pulso a Sánchez y todo apunta a que Óscar López tendrá el camino expedito para hacerse con el PSOE de Madrid. Pero después de que el castellanoleonés Luis Tudanca, otro sentenciado por la dirección federal, defendiera el miércoles que gente como él «es necesaria», fue el crítico de los críticos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien reivindicó la «enorme valía» del defenestrado barón madrileño y especuló con su regreso «tarde o temprano». «La política –dijo– no puede prescindir de gente así».