La reaparición y fuga de Puigdemont facilita a Llarena reactivar la euroorden

Se trata, apuntan estas mismas fuentes, de un escenario que el juez siempre tiene en mente 'resucitar' a pesar de los escollos con los que se ha encontrado en esa vía durante los últimos siete años, pero en la que sigue confiando, pues es sabedor de que es su única opción para poder sentar algún día en el banquillo al fugado. Máxime, después de que el líder de Junts, tras su efímero paso por Cataluña, haya asegurado que jamás se entregará voluntariamente a la justicia.

En julio de 2023, Llarena, cansado de las idas y venidas de la vigencia de la euroorden a cuenta de la justicia europea, ya anunció que no tenía intención de reactivar esta resolución en tanto en cuanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 5 de julio de ese año levantó la inmunidad al expresidente y al exconseller Toni Comín, resolviera definitivamente sus recursos.

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Esa resolución todavía no ha llegado, pero para cuando haya fallo sí que se han producido tres novedades importantes en las últimas horas, explican desde el alto tribunal, que podrían poner las cosas más fáciles para que prosperara esa hipotética euroorden, que fue suspendida por primera vez en diciembre de 2017, al poco de dictarse y que desde entonces ha estado en vigor de manera intermitente.

La primera es que Carles Puigdemont se quedó sin el escudo de la inmunidad parlamentaria europea el pasado 16 de julio, cuando se constituyó la nueva cámara comunitaria, lo que le limitará el acceso inmediato a los tribunales europeos, como ha venido haciendo en los últimos años con el altavoz internacional que ello supone.

Las otras dos novedades tienen que ver con su ejercicio de escapismo de esta semana. El prófugo, que ha venido sosteniendo como eje central de su discurso internacional su respeto a la justicia, con su espectáculo en Barcelona, explican fuentes del caso, ha «humillado expresamente no solo a los policías, sino también a los jueces españoles», al tiempo que ha demostrado que si tiene «capacidad y recursos» para «tomar el pelo» al más alto tribunal español, también los tiene para eludir la justicia de cualquier otro país.

El último punto recién incorporado a favor de que prosperase una futura reactivación de una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) es que la estrambótica reaparición y fuga llena de argumentos a Llarena para pedir una prisión preventiva segura, lo que refuerza el argumento de lo indispensable de su captura porque va a ir seguro a prisión, aunque sea provisional.

Y hasta ahí los aspectos que han mejorado para la vía de una euroorden, porque el espectáculo de escapismo no ha cambiado mucho más. Aunque el magistrado Llarena ha abierto una investigación para aclarar por qué los Mossos d'Esquadra y el Ministerio del Interior dejaron escapar a Puigdemont a pesar de que era público que iba a aparecer bajo el Arco del Triunfo, la nueva fuga no va acarrear, en ningún caso, nuevos cargos (ni amnistiables ni no amnistiables) al líder posconvergente. «Un procesado nunca comete un delito por intentar huir», remarcan en el Supremo.

Pero hay más problemas, admiten fuentes del caso del 'procés'. Si Puigdemont sigue en Waterloo, donde asegura que ya ha vuelto tras su viaje exprés a Barcelona, la justicia belga tendría más fácil ahora aceptar una detención solo por un delito de malversación (muy perseguido en la UE), sin tener que hacer un análisis profundo de otros cargos más complejos como eran la sedición o la rebelión.

Pero en Bélgica, como en la gran mayoría de los países europeos, solo la Fiscalía puede ejercer la acusación y en España, el Ministerio Público (que ha fulminado a los cuatro fiscales 'rebeldes' del procés contrarios a borrar la malversación) ya no acusa a Puigdemont, porque cree que la ley de amnistía sí que le beneficia de manera plena.

El juez del Supremo solo puede activar de nuevo la OEDE a petición de parte y tampoco la Abogacía del Estado acusa ya, pero seguro que en ese empeño encuentra el apoyo de Vox, acusación popular. Sin embargo, es muy improbable que la Fiscalía Europea hiciera suyo un escrito de un colectivo particular, porque no hay ninguna tradición en la UE de este tipo de acciones privadas en procesos penales. De hecho, en diciembre de 2021, cuando el exjefe de Gobierno autonómico fue arrestado en Sassari (Cerdeña), el Supremo italiano ya vetó la participación del partido de Santiago Abascal en el procedimiento.

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Llegado el caso de que la Justicia belga finalmente tuviera que analizar la petición de entrega, en cualquier caso el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, tendría una última bala para complicar en extremo la aplicación efectiva de la euroorden: plantear que el Supremo se está negando a cumplir una ley, la de amnistía, aprobada por un parlamento de un estado miembro. O sea, abriría de nuevo en Bélgica, si Puigdemont sigue residiendo allí, un debate de una enorme profundidad y complejidad, que, en realidad, situaría el caso prácticamente, de nuevo, en la casilla de salida cuando el 31 de octubre de 2017 Pablo Llarena dictó la primigenia orden de captura contra el entonces presidente de la Generalitat que horas antes había huido a Bélgica.