Puigdemont blande su vuelta y detención como última bala para frustrar la investidura «españolista» de Illa

Puigdemont justifica su escrito de este sábado en su respeto al proceso interno abierto en las filas de Esquerra que ha conducido a la ratificación, con una exigua mayoría del 53,5%, de la alianza suscrita por la dirección interina encabezada por Marta Rovira con los socialistas para dotar a Cataluña de un concierto económico propio como precio para que el PSC recupere el Palau de la Generalitat 14 años después. El líder de Junts, huido de la justicia española desde hace casi siete años y excluido por el Supremo de la amnistía al mantenerlo imputado por malversr dinero público en el referéndum del 1-O, evita cargar las tintas contra los republicanos. Pero la atribución de responsabilidades políticas es evidente, con «la represión» como aldabonazo. Es el aval de la militancia de ERC a Illa al frente de un Govern «españolista» y «negativo» por ello para Cataluña -escribe Puigdemont- lo que hace que su detención se haya convertido «en una posibilidad real de aquí a muy pocos días».

Una vez más, y como ya hizo en el mitin en suelo francés, a una treintena de kilómetros de la frontera, en el que se reafirmó en sus intenciones hace justo una semana, Puigdemont no clarificó el momento exacto de su retorno de alto voltaje. De momento no hay fecha cerrada para la celebración del pleno de investidura, a la espera de que el presidente del Parlament, el dirigente de Junts Josep Rull, se reúna el lunes con Illa y el resto de grupos en la Cámara para fijarla, con el miércoles 7 de agosto en el radar. Rull ya ha anticipado que, si llegara a darse el caso, impedirá que el jefe de filas de su partido sea arrestado en el hemiciclo. La decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a Puigdemont ha transformado en hecho cierto que será detenido y muy probablemente enviado a prisión en cuanto cruce a territorio catalán. A partir de ahí, es una incógnita qué devenir procesal tendrá ese movimiento que combina el desafío político y judicial con una inyección emocional al secesionismo más inflamado contra Illa y el apoyo obtenido de ERC. En todo caso, el expresident dice en su carta estar preparado para todo. Y enfatiza que ya sabe lo que es ser retenido por la determinación del juez Pablo Llarena de perseguirlo y sufrir «campañas de deshumanización» de su figura en más de seis años de «exilio».

Puigdemont ha hecho pública su misiva a través de X de manera inesperada, toda vez que estaba anunciada una ejecutiva telemática de Junts para este sábado paralela a la del PSC. En esos tres folios, el emblema del 'procés' combina mensaje político con la retórica de la emoción -pese a que incide en que su actitud no es la de «la victimización»-, presentándose a sí mismo y este tiempo huido como herederos de una presidencia de Cataluña maniatada por España desde 1714. Una 'presidencia exiliada' que él debía preservar frente a los «ataques permanentes de la poderosas maquinaria de propaganda española», cuya última expresión es «el golpe de estado híbrido» de los jueces para impedir la ejecución de la ley de amnistía aprobada por el Congreso, bajo "la indolencia del resignado" que atribuye al Gobierno de Sánchez.

Hasta aquí nada muy distinto a lo que viene denunciando desde el 'procés' y, ahora, desde que el Supremo ha puesto freno a "la posibilidad de refrenar la represión" desplegada por el Estado desde el intento de separar Cataluña de la España constitucional en octubre de 2017. Lo novedoso es, obviamente, el pacto suscrito entre el Gobierno y ERC que desbloquea la investidura de Illa a la espera, no obstante, de lo que decidan este lunes las juventudes republicanas de las que pende un escaño decisivo en el Parlament y del propio impacto del regreso d Puigdemont, en un ambiente en el que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los Comités para la Defensa de la República (CDR) ya han llamado a la movilización en las calles. El objetivo pasaría por situar a la dirección y los parlamentarios de ERC, con el partido muy dividido tal y como evidenció la consulta de este viernes, entre la espada de otorgar la Presidencia a los socialistas y la pared de ser estigmatizados por haber forzado la vuelta del líder de Junts con su consiguiente puesta a disposición de la denostada justicia española.

La traducción del acuerdo efectuado en su carta por Puigdemont, que no da pistas de qué hará Junts a partir de ahora con el sostén en el Congreso al Gobierno de Pedro Sánchez más allá de incidir en que toca afilar "las garras" hacia el segundo asalto en pos de la independencia, es demoledora. El de Illa avalado ERC será un Govern, además de "españolista", "alérgico a la plena normalización de la lengua catalana y que no tendrá capacidad de negociación real con el Gobierno español para resolver un conflicto histórico" que no es, subraya, entre catalanes sino entre Cataluña y España. Y zanja frente a ERC, de la que llega a sugerir que podría lanzar contra él una campaña de desprestigio como la urdida contra los Maragall, que antes de dar los votos al PSC "cabía explorar otras alternativas, incluso la repetición electoral en nuevas condiciones".

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Puigdemont constata que ha escuchado voces a su alrededor cuestionando si le merece la pena regresar con el coste personal de ser detenido tras años de "desgaste". Empeñado en presentar la decisión como un paso que le trasciende, el expresident incide en que se abre un nuevo período en el que es preciso continuar "la lucha" por la independencia, única forma de "conjurar la represión", garantizar la pervivencia nacional de Cataluña y confrontar contra "un Estado demofóbico (blindado ante reivindicaciones que no comparte)". Fuentes de ERC admiten que el 'factor Puigdemont' se inocula sobre la incertidumbre, pero auguran que será suficiente "aguantar 48 horas" para que las aguas se calmen en un contexto en el que los catalanes no estarían para reproducir la electricidad ambiental de 2017 que busca reeditar el expresident.