El PSOE mantiene el pulso con Sumar por el SMI pero asume que deberá buscar una salida

Tanto en el PSOE como en Sumar se da por hecho que la bronca escenificada la víspera a ojos de cualquier espectador en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, con Díaz y la ministra portavoz, Pilar Alegría, como grandes protagonistas, se acabará canalizando. El propio presidente del Gobierno evitó lanzar el mensaje de que su posición –o la de su número dos; tanto monta– es inamovible y, aprovechando los ataques de Alberto Núñez Feijóo, quien lo acusó de pretender «sacar tajada» de los españoles, se limitó a replicar que si existe un «debate» sobre este asunto es porque su Ejecutivo ha subido el SMI desde 2018 un 61%. Pero el malestar y las acusaciones de «deslealtad» entre los socios de la coalición no cejaron entre bambalinas. Y desde el ala socialista se sucedieron durante todo el día mensajes contradictorios.

Los más realistas en el PSOE creen que, con razón o sin ella, no les quedará más remedio que dar marcha atrás y ceder a unas exigencias que en el núcleo duro tildan sin tapujos de «populistas». Entre otras cosas, porque es evidente que no cuentan con ningún apoyo ni en la oposición ni entre sus socios de investidura. Ya hay tres iniciativas parlamentarias –del PP, de Podemos y de la propia Sumar– sobre la mesa para corregir, mediante distintas fórmulas, la decisión de Hacienda de no hacer nada para librar del IRPF a los perceptores del SMI; y tanto ERC como Bildu y el BNG han dejado claro que están dispuestos a apoyarlas. El PNV, más cauto por aquello de no inmiscuirse en un sistema que no afecta a su territorio, también dejó caer que su postura es que «hay que ayudar a los que están en una posición más difícil».

Constitucionalmente, el Ejecutivo tiene capacidad de veto sobre cualquier iniciativa que suponga «aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios», pero en La Moncloa hay quien admite que llegar a ese extremo con su propio socio del Gobierno sería una catástrofe. El mensaje oficial este miércoles, sin embargo, era el contrario, el de que no habrá «rectificación». «Todos los salarios tributan y cuando un salario mínimo pasa del mínimo exento, pues se puede hablar; pero tributará, como todo lo que tributa en este país», sentenció, por ejemplo el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que viene de librar con la vicepresidenta segunda otra batalla –por los ritmos y condiciones de implementación de la futura jornada de 37'5 horas semanales–, argumentó que cuando se decidió que la subida del SMI para 2025 sería del 4,4%, la parte alta de la horquilla propuesta por el comité de expertos que asesora al Ejecutivo en esta materia, se hizo sabiendo que la cifra tenía en cuenta el «potencial pago de impuestos» y que Díaz era conocedora de ello. En Sumar replican que los expertos se limitan a hacer cálculos conforme a la legislación vigente, pero que este es un asunto de voluntad política y de «justicia fiscal».

Entre los propios ministros socialistas los hay que, aun defendiendo que lo lógico es que ya se pague IRPF en los niveles actuales de SMI –16.576 euros anuales repartidos en 14 pagas de 1.184– echan de menos haber hecho las cosas de otra manera, con más «pedagogía» previa. Porque la sensación que impera es que la batalla de la opinión pública está perdida.

«Lo peor de esta discusión –se lamentan en Ferraz– es que corremos el riesgo de estar haciendo el caldo gordo al discurso de la derecha de que pagar impuestos es malo». «En ningún lado está escrito que el mínimo exento tenga que ser el SMI y no es así en casi ningún país europeo», insistía este miércoles un ministro del PSOE. Nadie se atreve aún a avanzar cuál será la solución de consenso pero lo que ya es evidente es que restañar las heridas con Díaz llevará tiempo.