El PP denuncia a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por el trabajo de su esposa

Pese a su dependencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los populares confían en que el organismo actúe con «indepenencia y objetividad» no guiándose por las «actitudes proteccionistas y sectarias» que han tenido el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos y la Fiscalía General del Estado que comanda Álvaro García Ortiz.

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, los populares piden su inhabilitación si se determina como ellos creen, que Sánchez habría cometido una infracción grave» –tipificada en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado– al no haberse inhibido de los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y del 16 de marzo de 2021 que tomaron decisiones favorables a una aerolínea que tenía esas relaciones con su esposa. Una infracción que, señalan, estaría sancionada con la inhabilitación durante un período de «entre cinco y diez años».

En la denuncia, registrada por vía telemática, el partido de Alberto Núñez Feijóo solicita, además, a la Agencia Tributaria, a los órganos gestores de la Seguridad Social y a los servicios públicos de empleo la información de que disponga para «determinar la naturaleza de la relación jurídica que existía entre el Instituto de Empresa y Begoña Gómez», así como de las retribuciones percibidas por la esposa del jefe del Ejecutivo.

De quedar corroborada la responsabilidad penal de Sánchez, Génova avanza que se daría traslado a la Fiscalía dada la vinculación de alguna de las empresas con investigaciones judiciales en curso relacionadas con el llamado 'caso Koldo' de corrupción que salpica de lleno al Gobierno y al PSOE.

El Gobierno estima en 18 millones los fondos europeos afectados por el 'caso Koldo'

El Gobierno estima que la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ejecutivo central y algunas comunidades autónomas durante el principio de la pandemia, conocido como el 'caso Koldo' por el nombre de uno de los implicados, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, afectó a 17,8 millones de euros de fondos europeos. Así se lo ha trasladado a la Comisión Europea en respuesta a la petición de información cursada por las autoridades de Bruselas tras estallar el escándalo.

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La evaluación gubernamental indica que han identificado en los contratos investigados el apoyo de 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad, según los cálculos que el Ministerio de Hacienda remitió al Ejecutivo comunitario el pasado 8 de marzo. Tanto la Oficina Europea Antifraude (OLAF) como la Fiscalía Europea han abierto sendas investigaciones para esclarecer este caso y preservar los intereses financieros de la Unión Europea.