El parque inmobiliario de Ábalos se convierte en el talón de Aquiles de su defensa

Pero, por el contrario, sí que hay ya en la causa abundantes documentos sobre las cuatro propiedades inmobiliarias de las que Ábalos supuestamente se benefició con diferentes fórmulas, siempre según las confesión del cabecilla de la trama corrupta o los documentos que ha hecho airear. Unos papeles que el exsecretario de Organización del PSOE se empeña en refutar, aunque, por el momento, sin demasiado éxito. Son el talón de Aquiles de su defensa.

De hecho, el instructor del Supremo, en el auto con el que el jueves de la pasada semana pidió su suplicatorio no hizo mención expresa a las supuestas mordidas en metálico, pero sí que afirmó que «aparece indiciariamente justificado que, al menos, Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente con el pago, por parte del investigado Aldama o de personas terceras por él interpuestas» de al menos de tres de los cuatro inmuebles bajo sospecha. Y es que el Supremo no acaba de creerse las explicaciones que Ábalos ha dado sobre esas propiedades.

El exministro ha presentado recibos de pagos por 7.500 euros por el alquiler en 2021 del chalet de La Alcaidesa (Cádiz). Pero De Aldama asegura que hizo comprar a sus testaferros esa propiedad para que la disfrutara la familia de quien era mano derecha de Pedro Sánchez a modo de cohecho. Las comunicaciones que obran en la causa en las que el empresario y sus socios hablaban de la adquisición del inmueble al gusto y preferencias del diputado hacen complicado de creer para el Supremo que esta operación fuese un simple alquiler vacacional con opciones de compra futura.

El juez tampoco da, al menos por ahora, veracidad a la versión que mantiene el exdirigente del PSOE y el propio Koldo García de que fue el asesor del ministro el que, por amistad personal con Jéssica, la novia de Ábalos, se hizo cargo de los 88.101 euros del alquiler de su apartamento de lujo en un rascacielos de la Plaza de España de Madrid. La realidad es que esas rentas fueron abonadas por una de las empresas de Luis Alberto Escolano, el socio de Víctor de Aldama que fue detenido durante unas horas por la UCO el pasado 16 de diciembre en el marco de la investigación por la 'trama de los hidrocarburos', el otro caso en el que está imputado el empresario.

El tercer punto débil inmobiliario de Ábalos es el piso de lujo de Castellana cuyo contrato de compraventa firmaron el 24 de abril de 2019 el empresario y el exministro aunque este último sostiene en su último escrito al Supremo que «no ha existido nunca relación personal alguna entre el señor Aldama y el señor Ábalos». El juez Puente, hasta el momento, da por buena la versión del cerebro de la trama corrupta de que se pactó la opción de compra de ese inmueble de 250 metros cuadrados por 750.000, muy por debajo del precio de mercado, como garantía de futuros pagos de sobornos.

Ábalos estampó su firma en ese contrato, pero asegura que fue víctima una estafa del empresario porque jamás pudo disfrutar del mismo ya que había un inqui-okupa en el inmueble, circunstancia que el propio conseguidor admite. La versión del diputado presenta una laguna: en el contrato firmó «expresamente haberla examinado (la finca) con anterioridad a este acto y haberla encontrado a su total y entera satisfacción, reconociendo que se encuentra en estado de servir para el uso al que se destina».

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El nuevo y último escollo para la defensa del exdirigente del PSOE todavía no se ha incorporado a la causa. Entre la documentación en poder de la trama de De Aldama, la Guardia Civil ha encontrado un contrato por el cual Ábalos y su exmujer compraron en Valencia un local comercial por 110.000 euros en el momento más duro del confinamiento de la pandemia (23 de marzo de 2020) y solo días después de cerrarse el contrato millonario de las mascarillas. Esta última propiedad, que fue adquirida con una hipoteca de 50.000 euros, no ha sido todavía incluida en las acusaciones oficiales, por lo que Ábalos no ha dado aún explicaciones sobre ella.