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Casi cuatro de cada diez –el 37%– de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran actualmente acogidos en Canarias, 2.157 de 5.790, ... cumplirán 18 años en 2025, lo que implica que se quedarán fuera del sistema de tutela y en muchos casos sin que se hayan completado los trámites legales. Una circunstancia que se consumará sin que el decreto de reparto anunciado por los gobiernos de Pedro Sánchez y Fernando Clavijo a principios de año, que prevé la reubicación puntual de unos 4.400 jóvenes desde el archipiélago y Ceuta a otras comunidades, se haya concretado, apuntando ya como pronto a principios de marzo. El PP sigue negándose a una salida que no afronte el desafío migratorio de forma integral, mientras está por conocerse, también, los cupos de reparto, que aliviarán previsiblemente a Cataluña y Euskadi, entre críticas de los populares, por el esfuerzo previo de acogida realizado.
Aunque el ritmo de llegadas a España en lo que va de año se ha desacelerado, frente a los datos históricos registrados en 2024, la crisis en Canarias persiste. El sistema de acogida de menores no acompañados está sobrepasado, con 6.000 niños y adolescentes arribados frente a las 2.000 plazas disponibles. Un tensionamiento que ha ido creciendo mientras la reforma de la ley de extranjería propuesta por el Gobierno de Sánchez encallaba en el Congreso por el rechazo del PP, Vox y Junts, formación esta última que sigue negociando en paralelo con los socialistas el traspaso «integral» de las competencias migratorias a la Generalitat.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para el cambio de esta normativa, el Ejecutivo activó la posibilidad de la distribución «puntual» de los jóvenes. Y aunque parecía que tanto el Ejecutivo central como el canario remaban en la misma dirección y que el texto podría estar listo para finales de enero, el proceso se ha dilatado y no estará listo al menos hasta principios de marzo. En ese momento, deberá pasar por la Conferencia Sectorial de Infancia, cuya fecha aún no ha sido fijada, y en la que la ministra de este área, Sira Rego, pondrá también sobre la mesa un plan estratégico para acompañar a los tutelados de cara al momento en que cumplen la mayoría de edad y se quedan fuera del sistema de protección.
El decreto ya cuenta con los criterios de distribución determinados, que se basarán en los acordados en 2022. Este miércoles estaba previsto que se pudiese cerrar la financiación para estos traspasos, que han sido calificados por Clavijo, entre otros dirigentes políticos, como un «parche» a un problema que requiere una solución más a largo plazo para evitar nuevos colapsos. Pero la dotación económica todavía no ha sido fijada debido a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que cancelar la reunión por gripe. Y la cita aún no se ha agendado de nuevo.
Clavijo confía en que la financiación del reparto extraordinario esté cerrada a finales de febrero para, posteriormente, poder celebrar una reunión con el resto de comunidades y con los grupos políticos en busca de su apoyo en el Congreso. Pero la medida sigue ralentizándose, mientras aumenta la preocupación social en torno a la inmigración. Así lo revela el CIS de los últimos meses. Mientras que en mayo de 2024, antes de que comenzasen las negociaciones para reformar la ley de extranjería, solo un 2,4% de los ciudadanos consideraban este asunto como uno de los principales problemas del país, en enero de este año el porcentaje había repuntado al 9,4%.
Hace dos semanas, Rego y Clavijo anunciaron un acuerdo que rescata los criterios ya pactados hace tres años y establece un reparto de los menores en función de la población, la renta per cápita y el esfuerzo previo realizado por cada comunidad autónoma en la acogida. El ministerio niega que Cataluña y Euskadi vayan a quedar eximidas de esta nueva distribución, pero sí que todo apunta a que ambas comunidades se verán compensadas por el acogimiento de niños y adolescentes extranjeros ya efectuado. Una posibilidad que la oposición interpreta, sin embargo, como una nueva concesión del Gobierno a los soberanistas vascos y catalanes para seguir amarrando su apoyo a Sánchez en el Congreso.
Canarias es la comunidad que más menores acoge en estos momentos, ya que el archipiélago se ha convertido en el último año en la principal puerta de entrada para los inmigrantes. Son 5.790 los jóvenes extranjeros que se encuentran dentro del sistema de acogida repartidos en 86 centros, lo que representa más del 40% de los 13.310 que se encuentran en todo el país. Casi el 40% de ellos, no obstante, accederán a la mayoría de edad a lo largo de este 2025, con lo que se quedarán si la cobertura obligatoria y con otros retos para las administraciones.
A las islas le siguen Andalucía y Cataluña, con cifras muy similares entre ambas, donde hay 2.606 y 2.204 respectivamente. En Galicia y País Vasco, por otro lado, la cifra se sitúa en torno a las 800 personas. Entre las regiones menos saturadas, se encuentran La Rioja, con 22 menores a su cargo, y Cantabria, con 22. Por debajo del centenar hay más territorios, como Asturias (97), Castilla-La Mancha (95) y Extremadura (73).
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