Marlaska defiende la devolución de menores a Marruecos en 2021 pese a la sentencia del Supremo

Aunque Marlaska se convirtió la semana pasada en el ministro del Interior que más tiempo ha estado en dicho cargo desde la restauración de la democracia (superó los 2.048 días de José Barrionuevo entre 1982 y 1988), este espinoso asunto se suma a los múltiples frentes que su departamento tiene abiertos. Circunstancia que convierte cada comparecencia suya en la Comisión de Interior en un cerco por parte de formaciones como PP, Vox o incluso Podemos, que no dudan en pedir su dimisión –los morados consideran «inconcebible» que Pedro Sánchez, al que pidieron «dar explicaciones» por la sentencia del Supremo, lo siga manteniendo en el Consejo de Ministros–.

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Este martes no fue una excepción y tuvo que verse obligado, de nuevo, a despejar balones. A la entrada en la sala negó la ilegalidad de estas devoluciones: «Las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico». También que España vaya a perder competencias en Cataluña en materia de inmigración pese a los acuerdos con los independentistas:«La Policía mantendrá en Cataluña las competencias en protección de fronteras, de lucha contra la migración irregular y en materia de expulsiones».

Evitó comentar la enmienda pactada entre PSOEy Junts a la ley de amnistía para ampliarla a los condenados por terrorismo, pese a que sostuvo que él «no evita los charcos» ni es «un escapista». Y también dijo que «no sobra ningún guardia civil ni policía nacional ni en Cataluña, ni en Euskadi, ni en Navarra», en relación a la denuncia por parte de la oposición –especialmente de UPN– de que los pactos con independentistas buscan «expulsar» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los socios del llamado 'bloque de investidura' también trataron de apretarle sacando a colación la 'Operación Cataluña' y le pidieron que ponga fin a «los Villarejos de hoy», como hizo ERC en alusión a las infiltraciones policiales en movimientos independentistas. Junts, por su parte, advirtió del 'lawfare' (un concepto, el de guerra judicial, tradicionalmente vinculado al independentismo y a Podemos que ha adoptado recientemente incluso Pedro Sánchez) para mantener que «España no es un Estado democrático».

«España es una democracia plena», contestó Grande-Marlaska, antes de pedir a los socios parlamentarios del PSOE que no comparen al actual Ministerio ni a las prácticas en la Policía con lo que ocurría en la etapa del PP, con Jorge Fernández Díaz como titular de la cartera. Ahora, sentenció, «todos los delitos son perseguidos hasta sus últimas consecuencias y todas las actuaciones se amparan en la legalidad, sin violentar derecho fundamental alguno».

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Pero no fue lo único que dio de sí la comparecencia de Marlaska. El ministro también avisó de que la amenaza del terrorismo yihadista «va a ir al alza» en España por el contexto internacional marcado por la guerra en Gaza y a fenómenos como la radicalización de menores.