Junts presiona a Sánchez para que se reúna con Puigdemont antes de que sea amnistiado

De momento no hay ni fecha ni emplazamiento. Ni siquiera los socialistas han confirmado al 100% que la cita vaya a producirse. Junts, por boca de su presidenta y de su secretario general, Laura Borràs y Jordi Turull, respectivamente, dieron por hecho la semana pasada que habrá encuentro. Turull afirmó el jueves que así lo había acordado con el número tres del PSOE, Santos Cerdán. Sánchez despejó el balón diciendo que el encuentro no estaba en su agenda sin negar su posibilidad.

Un miembro del Gobierno volvió este lunes a añadir dudas sobre el que sería el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont desde que este último huyó a Bruselas, tras declarar la fallida independencia en octubre de 2017. Como jefe de la oposición y secretario general del PSOE, Sánchez visitó a Puigdemont en el Palau de la Generalitat cuando éste era presidente del Govern, en marzo de 2016.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó que cree que la reunión será tras la aprobación de la ley de amnistía, prevista para el mes de abril. Aunque también precisó que «no está en eso» y que por tanto es una suposición, en un contexto en el que sí subrayó, ya sobre los pactos de los socialistas con Bildu, que la coalición de Arnaldo Otegi «tiene todo el derecho a la vida política como el que más» al haber «cumplido las reglas».

Sin embargo, desde Junts descartan que Puigdemont se cite con Sánchez con posterioridad a la validación de la norma. El portavoz del partido, Josep Rius, aseguró tras la ejecutiva del partido que el encuentro será «próximamente» y además tendrá lugar en un país de la UE. Los posconvergentes evitan aclarar en público si la reunión entre Sánchez y Puigdemont será antes o después de la aprobación de la amnistía, pero en privado señalan que debe ser antes y que no creen que la fecha se dilate mucho. Según los nacionalistas, pudo haberse celebrado ya en noviembre o incluso en la Eurocámara la semana pasada, cuando ambos coincidieron con motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance de la presidencia española de la UE. Pero no se saludaron.

La polémica sobre la posible reunión entre Sánchez y Puigdemont está eclipsando la que celebrarán este jueves próximo el presidente del Gobierno y el del Ejecutivo catalán en el Palau de la Generalitat. Los socialistas pactaron, a cambio de la investidura, espacios de negociación, por separado, con Junts, ERC y también entre los gobiernos respectivos, central y autonómico. En todo caso, fuentes republicanas esperan que de la cita con Pere Aragonès salga un calendario formal para esos encuentros.

Y en medio de todos estos asuntos, Junts ha cerrado filas con Míriam Nogueras, portavoz del partido en el Congreso. La diputada independentista cargó duramente contra los jueces hace una semana en la propia Cámara baja al defender la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña'. La dirigente nacionalista definió a magistrados concretos como «personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas», ya que han «permitido y bendecido informes falsos», según denunció. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) clamó entonces contra este «inadmisible señalamiento». En concreto, Nogueras citó a jueces del Supremo como Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela, además del expresidente del CGPJ Carlos Lesmes o la magistrada del Constitucional Concepción Espejel.

Tras la polémica generada, Rius trasladó este jueves, como ya había hecho antes el propio Puigdemont, «todo el apoyo» a su jefa de filas en Madrid. Así, afirmó que la cúpula judicial, el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial «son órganos politizados con un papel activo contra el independentismo más allá de lo que prevé la ley». «No es solo criticable, se tendrá que estudiar la actuación de la cúpula judicial en la comisión de investigación. Y se intentará citar a algunos jueces, a los más activos en la guerra sucia contra el independentismo», añadió.

Además, advirtió a los jueces de que están obligados a comparecer en el Congreso –aunque la legislación vigente no prevé penalizaciones al respecto- si así lo requiere la comisión de investigación sobre el 'lawfare' o bien la de la 'Operación Cataluña'. «Comparecer es de obligado cumplimiento; en caso contrario, puede haber consecuencias penales», avisó sin concretar más sobre su amenaza.

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Sobre este extremo, en cualquier caso, hay diferentes opiniones. Fuentes judiciales aseguran que los magistrados no están obligados a comparecer ante las Cámaras. Por ejemplo, el magistrado del Supremo Pablo Lucas, encargado de autorizar las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no lo ha hecho ante los requerimientos del Parlament por el espionaje con el sistema Pegasus.