La jueza cita a declarar como investigado al novio de Ayuso por el presunto fraude fiscal

En una resolución fechada este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid justifica la citación por los delitos de fraude fiscal, debido a que la sociedad administrada por González Amador superó la barrera legal de los 120.000 euros sin justificar ante el fisco en los ejercicios de 2020 y 2021, y fraude en documento mercantil, por un supuesto uso de facturas falsas para acreditar los ingresos por determinados servicios sanitarios.

Queda fuera por ahora un tercer delito que se investiga en una pieza separada, el de corrupción de los negocios entre particulares, por la utilización de una sociedad pantalla para ocultar presuntamente una comisión de medio millón de euros recibida por la compañía Quirón Prevención, a la que González Amador ha estado asesorando durante bastante años en la compra de material sanitario.

Este asunto en concreto provocó la suspensión de la declaración prevista para noviembre pasado, una vez que las acusaciones populares personadas en la causa, representadas por el PSOE y Más Madrid, pidieron ampliar la investigación por el pago de Quirón Prevención y la jueza lo aceptó. La defensa de González Amador recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, una impugnación que ha sido rechazada tanto por la Fiscalía como por las acusaciones populares.

Aunque en un principio se esperaba que la instructora no citara a los investigados hasta que se resolviera este trámite, finalmente decidió este jueves adelantar los interrogatorios por una cuestión procedimental. El plazo de la causa vence en marzo próximo y pese a que la jueza podría prorrogar las pesquisas ha preferido escuchar a los acusados dentro de tres semanas para evitar males mayores. Eso sí, solo por los hechos contenidos en la pieza principal relativos al presunto fraude tributario.

La Fiscalía de Madrid denunció a González Amador por defraudar más de 350.000 euros entre los ejercicios de 2020 y 2021 usando un entramado de facturas falsas. El empresario ofreció un pacto al Ministerio Público en el que se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y pagar más de medio millón de euros, entre deudas, multas e intereses, a cambio de no entrar en la cárcel, pero finalmente no se concretó ningún acuerdo y la causa siguió adelante.

Este asunto fue el germen de la actual investigación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid en el Tribunal Supremo. Un caso abierto por la presunta revelación de secretos en la difusión de la conversación entre el abogado de la pareja de Díaz Ayuso y el fiscal del caso.