El juez pide al Supremo que investigue al fiscal general del Estado por los datos del novio de Ayuso

García Ortiz asumió en primera persona la inspiración del comunicado divulgado el pasado 14 de marzo en el que la Fiscalía confirmaba que había existido una negociación con González Amador para que eludiera una eventual pena de cárcel a cambio del reconocimiento del fraude y el pago de una multa. El fiscal general siempre se ha escudado en que la voluntad de esa nota está amparada por la legalidad porque su objetivo era salir al paso del «bulo» -achacado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez- de que habían sido los acusadores públicos del caso los que habían dado el paso de explorar una salida para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El magistrado Francisco José Goyena ha dictado hoy una doble resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, por la que despeja el camino a seguir en la instrucción a partir de ahora. Por una parte, está el auto de 20 folios en el que relata los hechos investigados, que se centran en la citada nota del 14 de marzo que ha dado lugar a la querella tanto de González Amador como del Colegio de Abogados de Madrid contra Julián Salto, el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid encargado de las pesquisas sobre el novio de Ayuso, y contra la fiscal jefe de la misma, Pilar Rodríguez. Y toma tres decisiones, a partir de la convicción de que existen indicios delictivos bastantes para proseguir con el procedimiento porque en la comunicación del Ministerio Público se destaparon datos protegidos sobre la situación procesal de González Amador y un intercambio de correos electrónicos entre el abogado de éste y el fiscal Salto.

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Una, mantener la investigación sobre Rodríguez porque «la impresión» del juez es que la querellada «no dijo toda la verdad» en su declaración, «bien por omisión, bien por indicar que no lo recordaba». Dos, Goyena sobresee las actuaciones en lo que se refiere a Salto, al considerar que su papel en la elaboración de la nota informativa que ha desencadenado estas diligencias previas «fue meramente instrumental», al recibir un mandato de la fiscal jefe. Y tres, la de mayor trascendencia por el peso institucional de su protagonista y la colisión a la que puede abocar entre la Fiscalía General del Estado y el Supremo: el instructor eleva a la Sala de lo Penal del alto tribunal la sospechas sobre García Ortiz dada su condición de aforado y para no causarle indefensión. Un traslado que ya había solicitado el propio García Ortiz.

La segunda resolución del día que adopta el magistrado es, precisamente, la «exposición motivada» por la que pide al Supremo que se encargue de investigar si el máximo responsable del Ministerio Público ha podido incurrir en el delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal. Goyena justifica el paso dado al encontrarse «ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias de investigación haría necesaria su contrastación con la versión de estos hechos que pudiera dar el excelentísimo señor fiscal del Estado». O lo que es lo mismo, la suerte de García Ortiz queda en manos del Supremo, con el que viene librando un pulso también inédito.

Los magistrados de lo Contencioso le anularon primero por «desviación de poder» -el eufemismo judicial del enchufismo- el ascenso de su predecesora, mentora y amiga Dolores Delgado, a la sazón exministra de Justicia, a fiscal de sala de lo Militar en el Supremo; y después, un nombramiento parejo, esta vez cómo responsable de Memoria Democrática del Ministerio Público, por incompatibilidad con el trabajo que desempeña ahora su marido, el exjuez Baltasar Garzón. Y en paralelo, la misma sala del alto tribunal tiene sobre la mesa el recurso, por su supuesta falta de idoneidad, presentado por la Asociación Independiente de Fiscales contra su renovación para el cargo que ostenta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una primera reacción tras la doble resolución del juez Goyena, el fiscal general ha querido subrayar que «la exposición razonada» enviada por el TSJM al Supremo «ni alterará el normal funcionamiento de la institución» que encabeza ni su «trabajo ordinario» al frente de la misma. Una vez más, en una nota remitida a los medios, el fiscal general ha hecho suya «la responsabilidad última» de la publicación de la información con la que, incide, se pretendía desmentir una referencia «falsa» sobre el caso que afecta a González Amador. Y expresa su «extrañeza» por que la fiscal-jefe madrileña continúe inmersa en el caso cuando «ninguna responsabilidad puede tener quien cumple escrupulosamente con sus funciones estatutarias y ejerce con profesionalidad y lealtad a la jefatura».

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García Ortiz, que ha transmitido que no tiene intención de dimitir incluso si acaba investigado por el Supremo, ha recibido en las últimas semanas el espaldarazo del presidente Sánchez. Hoy, el PP ha exigido al fiscal general que dimita o, en su caso, que el jefe del Gobierno se lo exija. Lo contrario significará, a ojos de los populares, que continúa ejerciendo como «el ministro número 13» de Sánchez y que «cumplía órdenes» del Poder Ejecutivo cuando «filtró una nota de prensa aireando datos de la defensa privada de un particular». Es decir, el novio de Isabel Díaz Ayuso.