Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, ha imputado formalmente al novio de Isabel Díaz Ayuso por dos nuevos delitos -corrupción en ... los negocios y administración desleal- que se unen a los ilícitos por los que ya estaba siendo investigado: dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental. La jueza ha citado para ser interrogado a Alberto González Amador el próximo 10 de abril a las 10 de la mañana en la nueva pieza separada que abrió el pasado octubre por el presunto uso de una sociedad pantalla para ocultar pagos de supuestas mordidas al Grupo Quirón, para quien el empresario imputado trabajó durante años en asesoría sanitaria.
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La instructora ha citado a González Amador como investigado después de que el pasado 3 de marzo la Sección Tercera de la Audiencia Provincial avalara su decisión de abrir esa pieza separada. Se trata de la sexta vez que González Amador es convocado al juzgado, aunque solo ha comparecido en una ocasión, en el marco de la pieza principal, el pasado febrero, aunque entonces se negó a ser interrogado hasta conocer el fallo de la audiencia.
El pasado octubre la jueza Iglesias admitió de forma parcial un recurso de las acusaciones populares y abrió esta pieza separada a la causa principal, que es en la que estaba imputado González Amador en un principio por dos delitos de defraudación tributaria por valor de más de 350.000 euros, relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. La magistrada abrió este apéndice basándose en un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador.
La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención», Fernando Camino.
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Posible soborno
La jueza indaga ahora si, tal y como sostienen esas acusaciones, ese dinero usado para comprar una ruinosa peluquería propiedad de la esposa de Camino podría tratarse en realidad de un soborno o mordida. «Una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS e Inteconn, ya que como resultado de esas operaciones Maxwell facturó a ambas mercantiles 2.021.900 euros en 2020».
El pasado 3 de marzo, los magistrados de la Audiencia Provincial, que desestimaron el recurso de apelación interpuesto por la pareja de la presidenta de Madrid, dieron luz verde a la ampliación de las pesquisas sobre el pago de esas supuestas mordidas porque, subrayaron, existe una «documentación notarial y tributaria» que apunta la posibilidad de que se hayan cometido efectivamente esos nuevos delitos, por lo que abortar esa línea investigación, como pretendía el novio de Ayuso, sería «prematuro». Insistió la Audiencia Provincial en que en el presente «momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal». «Las operaciones económicas y jurídicas realizadas –continuaron los jueces- podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta».
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El imputado pidió el mismo día que la Audiencia Provincia del Madrid avaló la ampliación de la investigación declarar de forma voluntaria al tiempo que reclamó el archivo de la causa principal por fraude al considerar que los nuevos cargos por corrupción, son incompatibles con los de la defraudación.
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