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Las conversaciones internacionales que en las últimas horas se mantienen a varias bandas sobre el futuro de la guerra en Ucrania y el debate abierto ... tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por el aumento del gasto militar en los países europeos han provocado réplicas en una política española acostumbrada a la división, incluso entre socios parlamentarios. Un debate que ha vuelto a tensar la relación entre PSOE y Sumar y, a su vez, la del Gobierno con sus aliados y con el principal partido de la oposición, actor necesario si Moncloa busca un pacto de Estado en materia de Defensa.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alejó este martes cualquier tipo de acercamiento al descalificar la política exterior de Pedro Sánchez, que el día anterior había mantenido un encuentro informal en París con otros líderes europeos. El líder gallego alegó que un presidente «responsable» cumpliría sus compromisos internacionales y «no facilitaría la compra masiva de gas ruso durante la invasión de Rusia en Ucrania», pero «no insultaría», tampoco, al nuevo presidente estadounidense.
Feijóo, que cree que Ucrania pondrá a prueba la unidad en el Gobierno, desacreditó el sistema de alianzas de Moncloa, que no considera lo suficientemente sólido para alcanzar algún tipo de pacto en el actual contexto militar. «En el Gobierno no hay acuerdos y es evidente que entre el Gobierno y los socios parlamentarios también hay divergencias. No se puede jugar con nuestra seguridad», zanjó durante un acto celebrado en Librilla (Murcia). Antes, había participado en un encuentro telemático junto con el resto de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) y en el que también estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. El dirigente conservador defendió que es imprescindible preservar el vínculo transatlántico para los intereses de la UE y que en un momento de «trascendencia» como el actual.
Pero en Moncloa toman nota y archivan la queja. El Gobierno no tiene intención, por ahora, de llamar al líder de la oposición para abordar la situación en Ucrania y las negociaciones de paz porque, según indicó la portavoz Pilar Alegría, «todavía no hay ningún acuerdo» en la UE. «Cuando haya decisiones formalizadas, por supuesto, se informará a todos los grupos parlamentarios como se ha venido haciendo», se limitó a indicar.
Alegría también insistió en que el Gobierno mantiene su compromiso de alcanzar el 2% del PIB para gasto militar en el año 2029. De hecho, el Ministerio de Defensa aprobará en los próximos días un decreto para incrementar en 400 millones de euros, vía crédito extraordinario, las retribuciones los miembros de las Fuerzas Armadas.
Sumar trata, mientras tanto, de mantener un equilibrio entre su negativa a apoyar el aumento del gasto militar y, al mismo tiempo, defender la autonomía estratégica europea. Su portavoz parlamentaria, Verónica M. Barbero defendió que lo esencial es «no depender de quien gobierna en la Casa Blanca», algo que, señaló, «no está relacionado con el incremento o no del gasto militar, sino con la eficiencia del gasto militar». Fuentes del grupo parlamentario apuntan a que esta será «una cuestión clave» en el Consejo de Ministros, reconocen que el gasto en Defensa, desde que forman parte del Gobierno, se ha ido elevando, pero apuntan, sin dar más detalles, a que un «incremento para fines belicistas no será aceptable».
Sobre si estaría dispuesta al envío de tropas a Ucrania en el supuesto de que se tratara de una misión de paz, la coalición, según su portavoz, se mostraría «abierta a comentarlo». Pero en lo que sí insiste con nitidez es en que una mayor coordinación de recursos entre los países de la UE «hará que no sea necesario subir el gasto» en este terreno, que los magenta creen que se elevaría a costa de la protección social.
Podemos, como sucedía como cuando formaba parte del Gobierno, está frontalmente en contra de aumentar del gasto en Defensa. Su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez Serna, dejó claro que su formación se va a oponer a cualquier iniciativa que suponga seguir con la «escalada bélica» en Ucrania, más si cabe si supone un «aumento del gasto militar» y, por tanto, «recortes» en áreas sociales.
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