Sánchez cede ante Junts y acepta debatir sobre la cuestión de confianza para salvar las pensiones

El jefe del Ejecutivo ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para dar cuenta personalmente de un cambio de guion que ha tratado de presentar como una victoria política. «El diálogo, la negociación y el acuerdo son señas de identidad de mis gobiernos y agradezco a todos los miembros del Consejo de Ministros su aptitud y también su actitud, porque no damos un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el fina y al final las cosas salen, las cosas suceden y suceden -ha argumentado- en favor de la mayoría social».

Hasta ayer mismo en el Ejecutivo insistían en que no «trocearían» o «filetearían» el real decreto ómnibus de más de 140 páginas y cien artículos que decayó la semana pasada en la Cámara baja, rechazaban cualquier prisa y descartaban que el Consejo de Ministros tomara hoy una decisión al respecto. Pero finalmente no ha sido así. El presidente del Gobierno ha pospuesto, de hecho, la habitual reunión de los martes con sus ministros para apurar las negociaciones abiertas con Junts a fin de no prolongar más una situación que, además de incertidumbre social, había generado un clima de ingobernabilidad.

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El real decreto ley aprobado contiene, según ha explicado el propio Sánchez, «la mayoría de medidas del escudo social» que contenía el ómnibus y eso incluye, además de la subida de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital, las bonificaciones al transporte público o las ayudas a los afectados por la dana y el volcán de la Palma. Junts hace también concesiones, aunque de menor calado. Acepta la prórroga de la suspensión de los desahucios, que califica de «ocupaciones delincuenciales», pero lo hace a cambio de que el Gobierno incluya garantías públicas para, dicen los secesionistas, «garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas».

Lo que, en cambio, quedaría fuera -y, según el presidente del Gobierno, ya se negocia con los grupos parlamentarios para su futura aprobación en otro u otros consejos de ministros -son el grueso de las medidas económicas y fiscales que contenía el decreto decaído. El Ejecutivo sí ha aprobado hoy la prórroga del escudo antiopas intracomunitarias -provenientes de actores dentro de la UE- sobre empresas de sectores estratégicos. Pero no las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto a los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente o la actualización de los anticipos a cuenta para las comunidades autónomas y ayuntamientos, que los posconvergentes cuestionan porque exigen una redistribución distinta de los objetivos de déficit y que se abra «una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña».

También queda pospuesta, por ejemplo, la modificación de la ley de la sociedad de la información o del servicio postal, que, según Junts, «suponían la vulneración de las competencias de Cataluña». Pero el Ejecutivo salva, a falta de la nueva convalidación parlamentaria, lo que, para su discurso y para mantener una cierta cohesión del bloque de investidura, era más relevante. Porque haber dejado fuera asuntos como el escudo antidesahucios o la prohibición de cortar los suministros básicos a personas vulnerables le habría supuesto un quebranto con Sumar, Podemos, ERC, Bildu y el BNG.

Sánchez entiende que así logra rearmarse para plantar cara a un PP que ya se frotaba las manos ante su debilidad parlamentaria. Desactiva su ofensiva sobre la revalorización de pensiones –con recogida de firmas incluida–y le pone ante la tesitura de decidir qué hacer con un real decreto más reducido y limitado, como exigía Alberto Núñez Feijóo, pero en el que de rondón se ha vuelto a meter la cesión al PNV del palacete parisino que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y que los populares rechazan.

Por el camino, en todo caso, el presidente se traga el sapo de debatir en el Congreso si debe someterse a una cuestión de confianza. Un asunto que Puigdemont consideraba condición 'sine qua non' para reconducir las relaciones con el PSOE y descongelar cualquier negociación que no fuera la de compromisos pendientes como la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat o una compensación por los Presupuestos no ejecutados. Los independentistas levantan, de hecho, el veto a las conversaciones en material sectorial con el que Puigdemont buscó acogotar al Ejecutivo hace diez días.

El pasado viernes, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, llegó a decir en Onda Cero que permitir la tramitación de esa iniciativa sería tanto como autorizar una consulta sobre la independencia de Cataluña amparándose en que no tendría ninguna «vinculación legal». «No, hombre, no nos hagamos trampas al solitario -adujo-. Si alguien quiere, tiene una herramienta que es bien sencilla, la moción de censura».

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 Sánchez ha justificado, sin embargo, que Junts reformulará el texto que registró en la Cámara baja el 9 de diciembre de manera que quedará claro lo que ya dice la propia Constitución, que las cuestiones de confianza son potestad exclusiva del presidente; y con eso, ahora sí, le vale. De nuevo, como con la amnistía, hoy ha recurrido sin decirlo expresamente al argumento de que se hace de la necesidad virtud y que todo es en pro de «acuerdos que nos han permitido cosechar cifras récord de crecimiento económico, de transformación de nuestro modelo productivo, de creación de empleo y al tiempo -reivindicó- de reducción de las desigualdades«.