Moncloa garantiza unos Presupuestos «en tiempo y forma» en plena discordia por el cupo catalán

De puertas para fuera, el Ejecutivo ha logrado abstraerse de las advertencias de distinto signo que tanto desde Junts como en ERC han dejado caer en los últimos días sobre su hipotético rechazo a las iniciativas parlamentarias del PSOE y confían en ser capaces de «presentar unos nuevos Presupuestos acordes con la coyuntura económica».

Pero, a partir de ahí, «entra también la responsabilidad de los distintos grupos», recalcó su portavoz Pilar Alegría en un mensaje velado a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Y, en especial, a la formación postconvergente.

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Junts se alineó este martes con Vox y el Partido Popular para solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno y de María Jesús Jesús Montero en la Cámara baja. La Diputación Permanente del Congreso -de mayoría progresista- rechazó estas peticiones, pero su postura sirvió de preludio a lo que se puede esperar del partido que lidera Carles Puigdemont este otoño.

En el Gobierno tratan de minimizar las dificultades que el Ejecutivo encontrará en las Cortes a la hora de aprobar los primeros presupuestos de la decimoquinta legislatura. Alegría, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministro del nuevo curso político, aseguró que el Ejecutivo tiene la «mano tendida» al resto de partidos. Pero no precisó en qué punto están las negociaciones con los grupos parlamentarios ni si los socialistas y Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, ya han alcanzado un acuerdo al respecto.

El pacto fiscal en Cataluña amenaza con condicionarlo todo. Conscientes de que la precariedad parlamentaria de Sánchez no facilitará su tramitación y que los congresos nacionales que celebrarán en otoño Junts y ERC no contribuirán a despejar este escenario, fuentes de la cúpula del Gobierno ya ponen el parche antes que la herida.

«Afrontar periodos congresuales cuando estás fuera del Gobierno tiene sus dificultades», reconocen en privado, y sostienen que no sería un «drama» prorrogar los presupuestos actuales -los correspondientes a 2023-. «Son nuestros», recuerdan, y son «muy expansivos».

Junts ya tumbó en el último pleno de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones -la primera piedra para las Cuentas públicas- y tras quedarse fuera de la Generalitat por el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, anunciaron que redoblarían sus exigencias en el Congreso. Y Esquerra ya advirtió la semana pasada de que todo su apoyo está supeditado al cumplimiento del pacto firmado con el PSC.

El próximo paso que deberá dar el Gobierno es aprobar de nuevo los objetivos de estabilidad -los límites de déficit y deuda en los que pueden incurrir Ejecutivo, comunidades y ayuntamientos- tras el revés sufrido en julio. Pero más allá de este primer asalto, los cónclaves de las dos formaciones independentistas fijadas para octubre y noviembre con el objetivo de resolver sus liderazgos pueden cruzarse en el calendario de los Presupuestos del Gobierno central, añadiendo más incertidumbre a las negociaciones y elevando el precio de su apoyo en el posterior debate de enmiendas a la totalidad.

Que Cataluña pase a tener un régimen de financiación distinto al del resto de territorios pasa necesariamente por modificar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) en las Cortes. Y para ello el Gobierno no tiene hoy por hoy una mayoría garantizada en la Cámara baja. Ni siquiera la de todos sus aliados, por lo que fuentes gubernamentales reconocen que «la posibilidad de reformar si no está el PP va a ser complicada».

En sintonía con la ambigüedad que se instaló en los miembros del Gobierno la semana pasada para arropar a la ministra de Hacienda, ni el Gobierno ni el PSOE aclaran cuándo explicarán los detalles del acuerdo que propició la investidura de Salvador Illa en Cataluña, en el que se reconocen una financiación singular. También evitan calificarlo de concierto económico o cupo. Lo hizo el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, y la propia Alegría, que volvió a remitir a lo que está suscrito en el acuerdo. «Financiación singular y solidaridad territorial, estos son los términos que se recogen», señaló. Y redundó en la tesis de que ya hay comunidades autónomas, como es el caso de Baleares, que también reciben financiación por su singularidad.

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La ministra portavoz tampoco aclaró si el pacto fiscal para Cataluña será uno de los ejes centrales que se abordarán en la próxima Conferencia de Presidentes. Alegría se limitó a responder que se celebrará en Santander y que en septiembre se trabajará sobre los temas, pero el foco estará en la Vivienda.