El Gobierno impulsa una reforma de la ley para hacer obligatorios los debates electorales

La modificación legislativa, que aún tiene que recibir los informes preceptivos de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa y de la Junta Electoral Central antes de regresar en segunda vuelta al Consejo de Ministros para su remisión al Congreso, plantea los debates no solo como una obligación de los medios públicos sino de las fuerzas políticas que se presenten a las urnas. En las generales del 23 julio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aceptó un cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia pero rechazó participar en el debate a cuatro que organizó RTVE en la recta final de la campaña.

El Gobierno también aprovecha esta reforma para dar otra de sus batallas, en este caso, relativa a la demoscopia electoral. La norma, impulsada por el Ministerio del Interior, pretende que en adelante las encuestas no deban ir solo acompañadas de una ficha que especifique qué empresa encargó el trabajo, las características técnicas del sondeo, el texto íntegro de las preguntas realizadas y el número de personas que las hayan contestado sino también los «ficheros de microdatos», lo que en el 'argot' se conoce como «las tripas» de las encuestas sin «cocinar». Una exigencia que, según el Gobierno, busca garantizar la «fiabilidad» de los sondeos, pero también hacer «estimaciones» propias.

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De las 31 medidas del 'plan de acción por la democracia' aprobado el pasado mes de septiembre, tras una ronda de contactos con los grupos parlamentarios celebrada en julio, el Ejecutivo da por aprobadas ya cinco, que han podido ser aprobadas mediante decisiones exclusivas del Consejo de Ministros ( el sistema de integridad de la Adminisración Central del Estado; el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal; un programa de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de medios de comunicación). Hay además una decena en tramitación en las Cortes y alguna como el proyecto de ley de grupos de interés muy avanzada.