El Gobierno se abre a la exigencia de ERC de desclasificar papeles de Pegasus

Fueron Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska –dos ministros espiados, junto al presidente Sánchez, también con Pegasus por algún supuesto agente extranjero de identidad sin aclarar– los encargados de abrir esa puerta a levantar el velo de esos documentos. Sin embargo, el Ejecutivo tiene previsto presentar esta desclasificación no como una cesión a los partidos catalanes, sino como un ejemplo de colaboración con la justicia. El titular del Juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, quien investiga la infección con este programa de las comunicaciones de 18 líderes independentistas por parte del CNI, también ha pedido conocer esos documentos.

La operación de espionaje fue reconocida el 5 de mayo de 2022 en la comisión de secretos oficiales del Congreso por la propia exdirectora del centro Paz Esteban, quien aseguró, no obstante, que esos 18 pinchazos siempre se realizaron con la preceptiva autorización del Supremo. Esteban fue fulminada de su cargo menos de una semana después de desvelar ante los diputados este operativo.

La titular de Defensa avanzó este lunes que es «bastante probable» que el Ejecutivo dé luz verde al levantamiento del secreto que demanda el juez de Barcelona, mientras que el ministro del Interior abundó en que esa desclasificación se hará «en su caso con aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley».

Precisamente, el juez de Barcelona había citado a declarar como investigada a Esteban este miércoles por el espionaje a Aragonès y al resto de independentistas, pero finalmente este interrogatorio se ha pospuesto a finales de enero a petición de la propia exdirectora del CNI, cuya defensa ejerce la Abogacía del Estado. Mientras no se levante el secreto total o parcial de esa operación de espionaje, Esteban poco o nada va a poder aportar en su declaración judicial, ya que cometería un delito de revelación de secretos si estos papeles siguen siendo clasificados.

El pasado 13 de noviembre la secretaría general técnica del Gobierno recibió el suplicatorio enviado por el magistrado García al Consejo de Ministros para solicitar, tal y fija la legislación, la desclasificación de información reservada o secreta de los servicios secretos.

La información que el juez de Barcelona ha reclamado al Gobierno es muy extensa: saber si el CNI tiene licencia de Pegasus, quién habría comprado ese permiso a la empresa israelí NSO Group; qué personas participaon en sea supuesta compra; o registros sobre el empleo de Pegasus, entre otras cuestiones.

Además, el togado ha pedido al magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que es el juez de control del CNI, que certifique si el dio autorización para usar ese software para espiar a los independentistas tal y como sostuvo Esteban en el Congreso.

Grande-Marlaska, al margen de la desclasificación, también defendió hoy la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias reclamadas por los independentistas catalanes, entre ellas la propia sobre el uso de Pegasus, otras más sobre los atentados terroristas de Cataluña de agosto de 2017 y la llamada 'Operación Cataluña' sobre la guerra sucia al independentismo desde el Ministerio del Interior que dirigía el popular Jorge Fernández Díaz.

«Las comisiones de investigación que se aprueban por el Congreso tienen toda la legitimidad, faltaría más, que están abordadas en el marco de quienes representan a la soberanía popular», afirmó el ministro.

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El titular del Interior añadió que las comisiones de investigación tienen su propio ámbito de actuación y recordó que las conclusiones «tienen la eficacia y alcance que la propia normativa diseña», remitiéndose al reglamento del Congreso, que es quien determina aspectos como la obligación de comparecencias.