Las posturas entre el PP y el Gobierno en torno a un acuerdo migratorio que resuelva el colapso en el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados de las Islas Canarias cada día están más alejadas. Este domingo, Alberto Núñez Feijóo dio un paso ... más allá al acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «usar» a estos menores como «moneda de cambio» para contentar «al separatismo», en referencia a Junts, que exige a Moncloa las cesión de las competencias de inmigración para Cataluña. Lo hizo durante su intervención en el I Foro de Grandes Ciudades gobernadas por su partido que se celebró en Zaragoza. Allí, el líder de los populares, reunió a 35 regidores de municipios de más de 100.000 habitantes con el objetivo de armar un «frente común» en materia de vivienda, seguridad y fiscalidad.
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El líder gallego exigió al Gobierno que «no de lecciones de moralidad» en materia de inmigración. Un asunto con el que Feijóo cree que el PSOE «está manipulando a la gente». En el origen de esta queja se encuentra el acuerdo que el jueves alcanzaron la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para fijar criterios que faciliten el reparto de 4.400 menores extranjeros. Entre ellos, además del PIBo la población de cada comunidad, se deberá reconocer el esfuerzo que estas hayan hecho previamente, el asunto que más polémica está generando.
Mientras el Gobierno niega que «ninguna» comunidad autónoma vaya a quedar fuera del reparto de menores migrantes no acompañados, el PP considera que el acuerdo que ha alcanzado el Ejecutivo con Canarias es «inmoral» y ya avisa de que lo rechazará si se deja fuera a Cataluña y País Vasco.
Feijóo. por su parte, volvió a reivindicar el 'Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio' propuesto por su partido en septiembre y firmado también por el propio presidente Clavijo. «Nosotros hemos escrito un plan para luchar contra la inmigración irregular firmado por 14 presidentes autonómicos que yo negocié con el presidente de Canarias. Ahí tienen el plan. Nos remitimos a él», zanjó.
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Agenda paralela
No es el único asunto que centró la intervención del presidente del PP en Zaragoza. Feijóo esgrimió una suerte de agenda paralela a la gubernamental que contrapone a lo que calificó de «agenda del escándalo» del PSOE. «Es verdad que llena de contenido los informativos, pero vacía los bolsillos de los españoles. Es entretenida, yo no lo niego, pero desvía a la nación de sus prioridades y les conduce a los tribunales y a Waterloo. A España no la lleva ninguna parte, sólo a la decadencia política, económica y social», reiteró.
En esa línea, el líder de los populares señaló que su voluntad es poner «punto y final» a la política que no tiene como primer objetivo dar soluciones a los problemas de España, y que encuentra en el Gobierno de Pedro Sánchez a su máximo «exponente y promotor».
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Uno de los puntos centrales de las propuestas que viene realizando Feijóo en las últimas semanas pasa por buscar soluciones al problema de la vivienda. El líder gallego defendió la reciente ley del suelo que registró su partido en el Senado o la ley contra los okupas que el Gobierno, según denunció, «está bloqueando en el Congreso». Los alcaldes populares, por su parte, firmaron en este encuentro varios compromisos para aplicarlos en sus municipios que pasan por la bonificación del IBIpara personas vulnerables, la movilización de las parcelas de titularidad pública, una mayor autonomía para el desarrollo de nuevos planteamientos urbanísticos o impulsar un nuevo urbanismo «más ágil, más flexible, más eficaz, que garantice seguridad jurídica y dinamismo». «Esto es un compromiso con la gente que necesita vivienda», apuntó.
En el acto también intervino el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que aprovechó para introducir el debate de la financiación territorial con la vista puesta en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero. Una cita marcada por las negociaciones entre PSOE y ERC que propiciaron la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio del reconocimiento de la «singularidad» de Cataluña en este reparto.
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Azcón, que preside una de las comunidades que más sufre el problema de la despoblación –especialmente las provincias de Teruel o Huesca– defendió que esta variable se mantenga como criterio junto a los de dispersión y envejecimiento en el reparto de la financiación autonómica, a diferencia de lo que otras autonomías con más población y densidad piden.
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