Qué falla en la respuesta como Estado: no hay «reformas» y cunde «la mediocridad»

Y lo que devuelve esa mirada crítica, según los cuatro expertos consultados para este diagnóstico de urgencia, es una imagen borrosa, distorsionada, porque se ha evidenciado «la baja confianza» y «la poca coordinación» entre las administraciones concernidas (Victoria Camps); el incumplimiento de las reformas comprometidas bajo la presión de la pandemia (Alberto López Basaguren); o la erosión enquistada en «la gestión profesional» del ejercicio de la política (Fernando Jiménez). «No hemos hecho los deberes y nos ha pillado el toro», resume, con similar inquietud, Elisa de la Nuez.

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Los entrevistados, que evitan cautelosamente cualquier señalamiento de responsabilidades en la gestión que se va conociendo de un estremecedor test de estrés individual y colectivo, vienen a coincidir en que la evolución de la democracia española ha esclerotizado un modo deficiente e ineficaz de concebir y desplegar la gobernanza pública. Un cóctel de ingredientes contraproducentes que tiene que ver con haber pasado en estas cuatro décadas del «corporativismo franquista» a la colonización «brutal» por los partidos de las instituciones renunciando a dotar de «continuidad» a los técnicos que conocen el terreno, en palabras de Jiménez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y experto en corrupción.

A ello hay que sumar un modelo de Estado federalizante al que no se ha dotado del andamiaje sólidamente federalizado que precisa para operar con eficiencia ante desafíos como éste, apuntan López Basaguren, especialista en ese área y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, y De la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la fundación Hay Derecho.

Camps, en una valoración escueta a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, extrae una primera conclusión de lo inmediato, de lo más perentorio ahora: el rescate de los fallecidos y el auxilio a los supervivientes. «No hay que lamentar que no haya habido unión entre el Gobierno y la Generalitat valenciana, pero ha sido una unión distante», describe la filósofa, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y exconsejera de Estado. «Da la impresión de que reaccionaron desde sus administraciones, unos y otros, sin comunicarse entre ellos a la vista de la gravedad extrema de la situación. Y sin coordinación -concluye-, la cooperación falla porque llega tarde». López Basaguren distingue entre dos terrenos: el de la eventual «imprevisión» que pueda haber agravado las consecuencias de la DANA y cuyo análisis cree que debe postergarse a un tiempo más sosegado; y el presente, ese que obliga a enterrar a los muertos y socorrer a los vivos.

El catedrático vasco se muestra poco menos que escandalizado con que las promesas aireadas en pandemia -en especial, la reforma de la ley que regula un estado de alarma cuya aplicación se demostró problemática- no hayan sido ejecutadas por «un sistema político absolutamente zángano». Y cree que el perfeccionamiento del marco normativo exigiría apostar no por «un mando único» ante situaciones límite, sino por «un mando unificado coordinado» en el que el presidente del Gobierno aúne voluntades con el autonómico concernido para que éste «no sea un mero receptor de órdenes» y cuente también con la oposición.

A su juicio, «el sistema de relaciones intergubernamentales tiene que estar engrasado» de manera constante, la misma estabilidad que Jiménez exige para los profesionales, para los técnicos, de las administraciones. «Es la diferencia con otros países de la OCDE», recalca, en los que «los altos funcionarios no trabajan para un partido». «Y en este contexto, la polarización sirve para disimular desastres de gestión», zanja el catedrático murciano. Lo que López Basaguren censura como «la dedicación excesiva de algunos gestores a la actividad política» y Elisa de la Nuez define como el lastre de «la mediocridad» de los liderazgos políticos.

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«Hay una sensación de fracaso y la desconfianza es total. No hay ningún intento serio de evaluar lo que se hace, de reformar, de poner orden», se lamenta la abogada del Estado. En las reflexiones de los consultados late la esperanza de que esta DANA terrorífica marque «un punto de inflexión» para mejorar, de que las vidas segadas tengan un legado constructivo. Pero también anida en ellos el temor a la creciente desafección ciudadana.