Elecciones en Melilla: una paliza, 20 años de violencia y una «atmósfera intimidatoria»

La víctima presentó denuncia el 7 de marzo de ese año, pero la retiró más tarde, por lo que no se pudo acreditar judicialmente. Los investigadores de la Policía Nacional consideran que lo hizo por «miedo a las represalias» y que este episodio, «el hecho más grave conocido», es la punta que asoma de un iceberg de violencia e intimidación instalado en Melilla para «socavar la democracia»y garantizar la permanencia de unos pocos en el poder.

El último intento de poner orden en la ciudad autónoma recibe el nombre de 'operación Santiago-Rusadir', destapada a principios de marzo -llevaba gestándose en secreto desde mayo del año pasado- a raíz de una redada que acabó con 33 detenidos y una veintena de investigados; entre ellos, el líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán. El expresidente melillense y varios de sus consejeros duermen desde entonces en prisión.

Los argumentos de la jueza para enviarlos a la cárcel se basan en la existencia de una red de adjudicación de contratos menores -hay 315 expedientes en la diana de la Policía, de los cuales 291 se asocian a CPM y el resto, al PSOE y a Ciudadanos- con la finalidad, presuntamente, de utilizar los fondos obtenidos para «financiar la compra del voto por correo». Pero también alude al riesgo de fuga porque, al ser algunos de los investigados de ascendencia marroquí, «lo normal» es que gocen también de esa nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino «pudiendo eludir los controles de salida»; a lo que une «la situación geográfica de Melilla», que, según el criterio de la titular del juzgado, les permite huir en barco de recreo o moto de agua.

Los abogados de varios de los investigados han recurrido la decisión de la jueza argumentando que sus defendidos son españoles, que sus familias también lo son y que tienen pleno arraigo en el país, además de considerar una «mera conjetura» la afirmación de la instructora de que puedan atesorar pasaporte marroquí. Primero, objetan, porque no se ha comprobado quiénes disponen de ese documento y, segundo, porque no se han tenido en cuenta los controles fronterizos para abandonar el país de la Guardia Civil y, luego, de la Policía, que escanea el pasaporte.

Las defensas han protestado por lo que consideran un ejercicio «palmario e intolerable de discriminación racial» en la resolución judicial que los mantiene entre rejas y el agravio comparativo -subrayan- respecto a lo decidido sobre los investigados en otros escándalos de corrupción como el 'caso Koldo' o el que afecta al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales. Los letrados han elevado incluso una queja al Consejo General del Poder Judicial y han solicitado una inspección en el juzgado.

En sus resoluciones, la jueza también esgrime contra los investigados el clima de intimidación y agresividad utilizado supuestamente para lograr sus fines. La Policía se refiere a la trama de Melilla como una «verdadera organización criminal en mayúsculas», que ha permanecido activa al menos desde 2008 «con un claro liderazgo y una maquinaria perfectamente engrasada» y que «no duda en emplear la violencia».

«La Policía habla de presiones y pone ejemplos, y la jueza usa esos casos concretos de manera general, como argumentos para todos los investigados», afirma una de las defensas. «No hay presiones por parte de los investigados, sino que es justamente al contrario, algunos de ellos han sido víctimas de esas presiones». Y remata: «Es delirante que se utilice un argumento falso para avalar una prisión injusta, discriminatoria por razón de raza y desigual respecto a políticos nacionales o de otras comunidades».

En el atestado policial se detallan 20 episodios de agresiones o amenazas de muerte que habrían tenido lugar en las dos últimas décadas. Los agentes muestran su convencimiento de que son muchos más casos, pero las víctimas no denuncian y, las que lo hacen, se acaban retractando y no llegan a juicio por temor a represalias. «Por el hecho de no haber cientos de denuncias, esto no quiere decir que los delitos no existan», sostiene la Policía.

Los investigadores describen varios incidentes en torno a los distintos procesos electorales -las primeras denuncias datan de 2003-, en los que ciudadanos nacidos en Melilla habrían sido agredidos o intimidados por personas aparentemente vinculadas a la coalición de Aberchán, quienes les acusaban de traidores o de chivatos, o a través de llamadas con número oculto con insultos, vejaciones o amenazas de muerte. También se incluyen, no obstante, atestados en los que son políticos de CPM las víctimas de las coacciones. Y está el caso de una periodista que denunció que Aberchán, a raíz de una publicación firmada por ella, le habría dicho en tono desafiante: «Como sigas así, la que va a salir llorando de Melilla vas a ser tú».

Pero quizás el atestado más llamativo de los que enumera la policía es el que está fechado el 26 de mayo de 2019, día en que se celebraron las elecciones autonómicas y europeas, y no tanto por la violencia que refleja el informe, sino porque supuso un hilo del que tirar para destapar el fraude del voto por correo en Melilla. Agentes de la Policía Local sorprendieron en la calle a una mujer con unos papeles y un bolígrafo en sus manos. Esperaba un taxi. Los funcionarios apreciaron una actitud esquiva, por lo que se pararon a identificarla. Según las diligencias policiales, ella comenzó a decir incoherencias. Su última versión fue que los papeles que llevaba -sacados del censo- se los acababa de encontrar en el suelo.

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La clave estaba en el taxista. Cuando los agentes le preguntaron, él les contó que había recogido a la mujer en la sede de CPM y que le habían pagado por llevarla a las direcciones que figuraban en los documentos. El chófer les contó de forma espontánea que él no era el único que se estaba dedicando a trasladar a miembros del partido de Aberchán a más domicilios: según él, había en total 12 taxis recorriendo Melilla con el mismo cometido. La mujer fue detenida y conducida a comisaría por un posible delito electoral. Era marroquí y no tenía domicilio conocido, por lo que telefonearon a su marido para comunicarle su arresto. De acuerdo al atestado, ella le dijo de forma espontánea a su esposo: «Ponte en contacto con tu jefe, que me saquen de aquí ya».