Que un presidente del Gobierno se someta a la cuestión de confianza consagrada en el artículo 112 de la Constitución, en conexión con el 114, ... tiene dos precedentes en la democracia española: las votaciones que plantearon, ambos para ganarlas y apuntalar así sus respectivos mandatos, Adolfo Suárez en el tambaleante 1980 y Felipe González una década después. Lo que no había ocurrido antes, en esta legislatura del siglo XXI preñada de 'primeras veces', es que un aliado del Ejecutivo utilice una proposición no de ley en el Congreso para inducir presión al jefe del mismo –Pedro Sánchez– y amenazarlo con retratarlo perdiendo la mayoría que lo invistió hace 15 meses.
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Esta es la baza que ha jugado Carles Puigdemont a la espera de hacia dónde gire el pulgar la ejecutiva de Junts convocada hoy. Y la paradoja persigue a Sánchez, porque el 5 de marzo de 2018, cuando aún gobernaba Mariano Rajoy y éste parecía incapacitado para sacar adelante su proyecto de Cuentas públicas, el entonces líder de la oposición socialista le retó desde Ferraz con un sonoro «o Presupuestos o elecciones». Pero no solo: también le urgió, en caso de negarse a adelantar las elecciones, a requerir la confianza del Congreso «por obligación con la ciudadanía y responsabilidad constitucional».
Hace casi 45 años, el 16 de septiembre de 1980, Suárez respondió a la moción de censura con la que el joven y brioso 'felipismo' le había desafíado cuatro meses antes –González la perdió, pero ya estaba lanzado en volandas hacia su histórico triunfo en 1982– sometiéndose a una cuestión de confianza con el objetivo de propulsar su programa de reformas económicas, el afianzamiento de las libertades y el despliegue del Estado autonómico. Con aquella imberbe democracia bajo el ruido de sables de la involución –el golpe de Estado del 23-F estaba en ciernes– y el humo del tabaco flotando sobre los escaños, Suárez llamó a «desdramatizar la vida española». Y la entonces Minoría Catalana –quién lo diría viendo hoy a Puigdemont– avaló al presidente «por la voluntad de hacer gobernable el país».
CiU no repitió ese voto de confianza el 5 de abril de 1990, cuando González buscó el espaldarazo del Congreso para relanzar la agenda autonómica siempre en cartera y arraigar a España en la UE. Pero, en realidad, no necesitaba hacerlo. Gobernaba con una absolutísima mayoría –qué tiempos– de 188 escaños.
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