Cinco años después de que se decretara el confinamiento, el PP y el PSOE madrileños siguen reprochándose mutuamente las consecuencias de la gestión de la pandemia. Este viernes, la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de la capital, la exministra de Industria Reyes Maroto, provocó un incendio al referir que los mayores fallecidos por coronavirus en las residencias de la región fueron «asesinados» porque el Gobierno de la comunidad, encabezado entonces y ahora por Isabel Díaz Ayuso, «no los derivó a hospitales». Maroto acabó retractándose –«No fue mi intención acusar a nadie de asesinato», se excusó–, pero la polvareda ya resultó imparable.
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Sus conflictivas declaraciones tuvieron una respuesta inmediata por parte de la presidenta madrileña, que anunció una querella contra Maroto por responsabilizarle de estas muertes –7.291, según el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos; o 4.100, como el PP rebajó hace unos días–. «Ya han pasado unos límites que son inasumibles y por eso pienso que es mejor que estas relaciones por el momento no puedan continuar», afirmó Ayuso en declaraciones a los periodistas durante un viaje oficial a Londres.
Ruptura de relaciones
En el Ayuntamiento de la capital la acusación de Maroto también ha tenido consecuencias. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció la ruptura de relaciones institucionales con el PSOE por unas declaraciones que tachó de «nauseabundas». Unos puentes que, por otra parte, ya se encontraban muy debilitados, como enfatizó Maroto en redes sociales. «No se puede romper lo que nunca ha existido», contestó al regidor.
Los populares creen que esto forma parte de una «ofensiva» de Pedro Sánchez contra la presidenta de la comunidad para desacreditarla. «Lo están haciendo desde la Fiscalía General del Estado, lo están haciendo desde los ministerios, pero ya esto último creo que pasa ese límite», denunció Ayuso.
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