La compleja ejecución de la amnistía asoma al Gobierno a una agonía por tiempo impreciso

Sánchez ha vuelto a sacrificar en el altar de la continuidad de su mandato su palabra y la de los suyos, que habían negado que fueran a cambiar una coma de lo ya acordado sobre la exoneración de los delitos de terrorismo y han acabado ajustando su definición y la de la traición al Estado a los estándares de la directiva de la UE de 2017, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los criterios de la ONU. Esta remisión al Derecho Internacional, eliminando la referencia al Código Penal español, pretende blindar a Puigdemont ante la causa penal que le ha abierto la Sala de lo Penal del Supremo por supuesta responsabilidad terrorista en el 'caso Tsunami Democràtic' y ante la instrucción de un juez de Barcelona del 'caso Voloh' sobre los contactos con Rusia.

Pero una cosa es felicitarse por haber hallado una salida aparentemente ocurrente para desbloquear la ley que amarra el apoyo del independentismo y otra que al Gobierno vaya a evaporársele el quebradero de cabeza de una amnistía cuya enrevesada e ignota ejecución individualizada –372 beneficiarios según su cálculo y un millar en el de Junts, repartidos en distintos órganos jurisdiccionales y el Tribunal de Cuentas– se asoma a una agonía por tiempo indeterminado que ninguna de las fuentes consultadas se atreve a precisar. Entre los de Carles Puigdemont, que cargan contra los jueces «prevaricadores», admiten que el calendario es «imprevisible». Un ministro constata que el emblema de la amnistía –el libre regreso del expresident a Cataluña– constituye un asunto «muy complejo» y duda de que llegue a consumarse «este año». Y un juez, penalista en ejercicio, augura que todo el proceso podría irse incluso a bien adentrado 2025 si el Supremo eleva una cuestión prejudicial –una consulta por posible colisión de esta amnistía con el Derecho comunitario– al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y éste la admite a trámite. Lo que detendría, hasta que resuelva, las exculpaciones de Puigdemont y de Oriol Junqueras, con potencial arrastre sobre el resto de expedientes. A lo que se suma que una cuestión de inconstitucionalidad posterior del propio Supremo ante el TC también tendría efectos suspensivos hasta que se despeje, remata una catedrática en la materia, por más que la amnistía transite por una «una zona oscura» para intentar soslayar los recursos, en palabras de los secesionistas.

«El Supremo va a intentar dilatar la ley por todos los medios», constata un cargo de ERC. En un escenario ideal para el Gobierno y sus socios, la norma que se prevé que el pleno del Congreso apruebe este jueves 14 quedaría refrendada definitivamente y publicada en el BOE a finales de mayo, una vez superados los dos meses de calvario en el fortín del PP en el Senado. Los jueces han de aplicar la exoneración de los delitos del 'procés' en un plazo máximo de dos meses más, bien de oficio bien porque se lo requieran los encausados. Lo que supondría, agotando las previsiones legales, que la amnistía cristalizaría terminando julio, cuando Junts confía en que Puigdemont pueda retornar. Pero este trámite limpio de espinas es «inverosímil», según las fuentes consultadas, convencidas todas de que el Supremo recurrirá en cuanto pueda a Europa.

El puzle se enreda por las piezas en juego y por el pulso de gato y ratón que protagonizan desde 2017 la alta Magistratura española y los líderes del 'procés'. El Supremo tiene sobre la mesa tres procedimientos repercutidos por la amnistía. Pablo Llarena, el instructor que lleva seis años queriendo sentar en el banquillo al expresident prófugo en Waterloo, ha paralizado la euroorden hasta que el TJUE resuelva si retira o no la inmunidad como eurodiputado al líder de Junts; Llarena ya recabó en 2021 el criterio del Tribunal de la UE, que le avaló, en una cuestión prejudicial que tardó 22 meses en tener respuesta.

Pero la orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión de Puigdemont por malversación agravada y desobediencia –una vez derogada por Sánchez la sedición– sigue viva si cruza la frontera. No hay consenso tampoco, ni político ni jurídico, sobre si el levantamiento inmediato de las medidas cautelares que ordena la amnistía puede ser realmente tan ejecutivo o no. «Lo razonable», explica el juez antes citado, es que Llarena cierre su instrucción para que sea la Sala de lo Penal, colegiadamente, la que se dirija a Europa.

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La segunda carpeta del Supremo sobre Puigdemont es la que investiga ya, siguiendo el hilo del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, los indicios por presunto terrorismo relacionados con las protestas de Tsunami. Y por último, el alto tribunal tendrá que dilucidar cómo aplica la amnistía a Junqueras y el resto de dirigentes del 'procés' a los que condenó en 2019 y Sánchez indultó, pero no de la malversación que les inhabilita para concurrir a las elecciones. Hay coincidencia en que Puigdemont difícilmente osará volver si no ve plenas garantías procesales. Y Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, es «muy listo», concede una de las voces del independentismo.