La cita de la ministra Elma Saiz (Pamplona, 1975) estaba cerrada desde antes de que el acuerdo entre el Gobierno y Junts para ceder a ... Cataluña las competencias en materia migratoria, anunciado el pasado miércoles, salpicara de lleno a su departamento. La titular de Migraciones y Seguridad Social es consciente de la patata caliente que tiene entre las manos pero evita concretar los contenidos del pacto.
La referencia, dice, es lo acordado en su momento con el PNV para que las comunidades asuman la acogida a inmigrantes en situación regular. A la pregunta de si Cataluña y el País Vasco gestionarán entonces las mismas competencias delegadas, evita ser categórica. «La Constitución es el marco. Veremos qué desarrollo tiene».
–¿Existe algún acuerdo por escrito que aclare qué se ha pactado exactamente con Junts en materia de inmigración?
–Sirva como antesala que el Gobierno de España llega a acuerdos y eso es algo absolutamente positivo. Somos un país plural y esa pluralidad enriquece la vida política y el bienestar de la ciudadanía. El Gobierno de España llega a acuerdos transparentes, públicos, y además los cumple. Es importante.
Podemos y el decreto de díaz
«Votar no en cuestiones que suponen avances sociales no es una opción progresista»
–Nadie ha visto el acuerdo. ¿Dónde está la transparencia?
–Se ha alcanzado un acuerdo en el marco de la Constitución para una delegación de competencias que tendrá que ser articulada en una ley orgánica. Y esa ley deberá ser aprobada en Cortes Generales y contar con los apoyos suficientes para salir adelante.
–¿El Govern va a tener capacidad para expulsar a inmigrantes multirreincidentes como reclama Junts o expedir permisos de residencia?
–Como sabe, la respuesta es no. Me remito a las palabras del presidente del Gobierno. En esta materia es importante hacer pedagogía y me voy a ir al acuerdo alcanzado con el PNV, que se está trabajando y está encima de la mesa. Habla, dentro de las fases del sistema de acogida, de autonomía, que tiene su lógica. Hablamos de personas regulares que van a desarrollar su proyecto de vida en nuestro país. Tiene todo el sentido que las comunidades y las entidades locales, como administraciones más cercanas al ciudadano, puedan asumir esa fase de acogida, siempre dentro del marco de la Constitución. La vertebración territorial tiene que verse en positivo.
–¿Eso quiere decir que la delegación de competencias a Euskadi y Cataluña será la misma?
–Como le he dicho, la Constitución es el marco. Vamos a ver, dentro de esa seguridad jurídica que da el marco constitucional, qué desarrollo tiene.
–La diferencia es que el Gobierno vasco de PNV y PSE ha dicho para qué quiere las competencias y Junts presume de haber arrancado al Gobierno la gestión «integral» de esa materia.
–No me gusta hablar de cesiones o chantajes, sino de acuerdos para que las personas que vienen a nuestro país tengan a las administraciones más cercanas colaborando para que su proyecto sea inclusivo. Que la pluralidad del país se plasme en acuerdos entre diferentes, buscando lo que nos une y poniendo en el centro a las personas, nunca puede ser una mala noticia.
–Sánchez no ha aclarado, por ejemplo, si Cataluña tendría algo que decir respecto a los cupos y al reparto de inmigrantes fijado por la Administración central. ¿Se esconde algo?
–Con total tranquilidad y mucha pedagogía: acabamos de celebrar una conferencia sectorial en la que quedó clara la solidaridad de todas las comunidades autónomas. España es un país solidario y un referente en Europa en materia migratoria. Europa mira a España y no acepto de ninguna manera que se hable de insolidaridad de las comunidades autónomas porque no es cierto. Insisto: el acuerdo entre partidos tendrá que verse refrendado cuando se tramite la ley orgánica y tendrá que alcanzar mayorías suficientes.
–¿Le han regalado una baza a Puigdemont para competir con los discursos xenófobos de la extrema derecha catalana, al estilo de la alcaldesa de Ripoll? Illa señala que Junts está dejando que le marquen la agenda.
–Lo que quiero destacar es que el pasado miércoles el Congreso sacó adelante decretos que conllevan mejoras para el conjunto del país: bonos de transporte, revalorización de las pensiones y rebajas impositivas para paliar la inflación. Eso es lo que importa verdaderamente a la ciudadanía.
–Han insistido siempre en que pactar con la ultradrecha de Vox es comprar sus marcos. ¿En este caso pactar con Junts no cuestiona la impronta progresista del Gobierno?
–El modelo de país que defiende este Gobierno progresista pivota en torno a tres cuestiones importantísimas: la convivencia, los derechos y el empleo. Son líneas rojas inquebrantables frente a los que votaron 'no' el miércoles porque defienden un modelo reaccionario, una democracia 'pret-a-porter' en la que todo lo que no pase por que lo gestionen ellos es un no.
–Uno de ellos fue Podemos, en principio aliado, que dio prioridad a su 'vendetta' sobre Díaz. ¿Les preocupa que se repita?
–En estas cuestiones hay que poner por encima el interés general de la ciudadanía. Votar no en cuestiones que suponen avances sociales para mí no es una opción progresista. Eso no quita que mantengamos la mano tendida para enriquecer cualquier tramitación en Cortes Generales.
–¿Coincide con Díaz en que «así no se puede gobernar», en lo infernal de la legislatura?
–Tener que remangarse, mantener una actitud de diálogo y buscar permanentemente el acuerdo es trabajoso y requiere esfuerzo, pero es lo que hace grande la política. Frente a los discursos xenófobos que se alimentan en otros países de Europa en los que avanza la extrema derecha, este Gobierno sigue en la vanguardia en materia social.
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