Illa salva el obstáculo de las juventudes de ERC, que avalan su investidura

Había inquietud hasta última hora de la tarde en los cuarteles generales republicano y socialista, porque este voto, de ser negativo, hubiera impedido la mayoría absoluta, fijada en 68 parlamentarios (los socialistas tienen 42 actas, ERC 20 y los comunes 6) que requiere la primera vuelta de la investidura; y habría forzado, en la segunda, la necesidad de que algún diputado de otro grupo se abstuviera para permitir más síes que noes. Algo harto complicado por lo polarizado de las posturas.

En un escenario tan ajustado en el que cualquier voto puede dar la vuelta a la situación, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sigue maniobrando para tratar de reventar la investidura de Illa, al que califica de «españolista» y «alérgico a la normalización de la lengua catalana». El sábado ya reafirmó en redes sociales su compromiso de regresar a España, siete años después de huir a Bélgica. Su idea sigue siendo la de hacerlo antes de que se celebre el pleno para ser detenido y redoblar la presión sobre el grupo parlamentario de Esquerra e intentar frenar la sesión de investidura o, al menos, que alguno de los diputados republicanos vote en contra de la investidura y «todo vuele por los aires».

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La presidenta de Junts, Laura Borrás, aseguró este lunes que Puigdemont, que aún no se puede beneficiar de la ley de amnistía porque el Tribunal Supremo considera excluido de la medida de gracia el delito de malversación, «no se dejará detener» y preguntó directamente a Illa «¿qué hará?» si esto ocurre durante el pleno. En una entrevista en Catalunya Radio, la dirigente catalana señaló que el expresidente catalán volverá «a un Estado en que su parlamento ha aprobado una ley, impulsada por el Gobierno del mismo color político del de la persona que ahora puede tener los votos para acceder a la presidencia de la Generalitat». «La pregunta es qué hará Illa si en su debate de investidura el presidente es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno», se preguntó.

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, confirmó el domingo en RNE que lo que pretende el líder de Junts con su regreso es evidenciar «en brazos de quién se está lanzando ERC». Críticas que han resultado «ofensivas» para los republicanos, que acusaron este lunes a Junts de intentar «boicotear» el pleno. En un comunicado, el partido del todavía president en funciones, Pere Aragonès, exige una «disculpa» a los posconvergentes después de que estos les hayan responsabilizado de la posible detención de Puigdemont.

La formación que lidera Marta Rovira admite, en cambio, que los adversarios políticos puedan criticar la decisión de Esquerra de apoyar la investidura del primer secretario del PSC pero «no se pueden superar determinados límites». «Considerar que una hipotética detención del presidente Puigdemont sería culpa de ERC es una ofensa», sostiene después de que el expresidente catalán asegurara el sábado que el apoyo de los republicanos al PSC hace que su detención sea «una posibilidad real» en pocos días.

En Esquerra acusan abiertamente a Junts de «azuzar» el odio entre independentistas y de querer excluirlos del movimiento. Un intercambio de acusaciones que ha distanciando al máximo a ambas organizaciones.

De momento, tanto el debate interno de las juventudes de Esquerra como los movimientos de Puigdemont han logrado dilatar el procedimiento para investir al líder del PSC. El president del Parlament, Josep Rull, pospuso a este martes la ronda de contactos con los grupos para fijar la fecha del pleno, que, en consecuencia, ya no empezará mañana. Lo hará de mayor a menor –empezando por el PSC y acabando por Aliança Catalana– una vez que Illa le comunique de dispone de los apoyos necesarios. Este miércoles se activará la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament –órgano legislativo de guardia hasta el 15 de agosto– para que decida la fecha definitiva en la que convocar el pleno de investidura y el formato bajo el que tendrá lugar.

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En principio, esta sesión podría convocarse este mismo jueves, pero la cámara catalana dispone de plazo hasta el 26 de agosto para evitar una repetición electoral que, por contra, sí tendría fecha:el 13 de octubre.La última decisión la tiene Rull.