Begoña Gómez se libra del paseíllo por seguridad y entrará al juzgado por el garaje

El acuerdo gubernativo firmado por Del Barco recoge que el pasado lunes la directora del citado Departamento de Presidencia remitió un escrito en el que solicitaba la entrada por el garaje reservado a los jueces, fiscales y demás funcionarios, "atendiendo a razones de seguridad y para prevenir así cualquier incidente de inseguridad a la entrada del juzgado".

La jueza decana, a la sazón presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo mayoritario de la carrera judicial de carácter conservador, rechazó esta primera petición por su generalidad y la falta de explicaciones y ordenó a la directora de seguridad, María Marcos Salvador, que detallara las motivaciones. Dos días después llegó la respuesta.

Del Barco, tras valorar y ponderar los riesgos para la seguridad de Gómez, aceptó hoy la petición de entrar por el garaje y acordó organizar un dispositivo de seguridad, público y privado, dado que el servicio interno de los juzgados lo lleva la empresa Secoex S.A., para acompañar a la esposa de Pedro Sánchez en la entrada, accesos y estancia en el edificio.

Aunque la jueza decana recuerda que la entrada con carácter general para todo ciudadano se realiza por la puerta principal, "cuando nos encontramos con un personaje de relevancia pública o con interés mediático es necesario que se justifique la excepción de la regla general, como la posible existencia de un riesgo para la seguridad, la vida o la integridad de estas personas". Y en el presente supuesto, remacha, "sí se advierte un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez" tras examinar el segundo escrito remitido por el Departamento de Seguridad de Presidencia de Gobierno.

Otro asunto diferente que le toca resolver al juez instructor Juan Carlos Peinado se refiere a la petición que hizo el abogado de Gómez, el exministro socialista del Interior Antonio Camacho, de grabar solo el audio de la comparecencia pero no la imagen de la declaración. Busca así preservar el derecho a la imagen de su cliente dada su "relevancia pública" y evitar la filtración a los medios de comunicación de su interrogatorio por parte de las partes personadas: las acusaciones populares de Manos Limpias, Vox o Hazte Oír, entre otras.

A juicio del abogado de la consultora, evitar la grabación en el Juzgado de Instrucción número 41 "es una práctica que suele ser habitual para evitar un uso inadecuado de las imágenes que son captadas a los solos efectos de la documentación de una diligencia judicial, pero que no deben ser utilizadas para ser difundidas en medios de comunicación pública".

El Partido Popular, por su parte, ha aprovechado el día previo a la declaración de Gómez para cargar con dureza contra Sánchez. El portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, consideró que esa estampa es «un auténtico esperpento» y exige que en esa declaración reciba el mismo trato que cualquier ciudadano.

«Yo creo que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y el trato que debe recibir en el día de mañana la esposa del presidente del Gobierno es el que pueda recibir cualquier otro ciudadano en nuestro país», ha manifestado el también diputado popular tras la petición de Gómez de que su declaración sea grabada pero solamente en audio y no en vídeo dada su «relevancia pública».

Génova sigue tratando de centrar la atención y trasladar toda responsabilidad en este asunto -al menos en lo que al área política se refiere- al presidente del Gobierno -que previsiblemente no acompañará a su esposa a los juzgados-. En este sentido, fuentes populares ironizaban esta mañana sobre si «Sánchez entrará escondido con su mujer al juzgado».

«El presidente arrastra mañana a toda la nación a una jornada indecente», denunciaban también desde la cúpula de los populares. Además, en una entrevista en Antena 3, Tellado también ha señalado que lo «importante» ante esa citación es que la esposa del secretario general del PSOE «colabore con la justicia y trate de esclarecer unos hechos» que, según ha recalcado, para Génova 13 resultan «francamente preocupantes».

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«Le corresponde a un juzgado determinar la gravedad penal de los hechos que se le imputan. Concurre a esta citación en calidad de investigada, en calidad de imputada por delitos de corrupción y por delitos de tráfico de influencias, nada más y nada menos», ha apuntado.