Ayuso recurre al Constitucional el reparto de menores no acompañados

La regidora madrileña ha dado a conocer esta noticia a través de una publicación en redes sociales, en la que ha asegurado que la medida, que llevaba meses en negociación no solo con los de Puigdemont, sino también con el Gobierno canario, «invade competencias exclusivas autonómicas». Ayuso también ha argumentado que vulnera la «autonomía financiera» de la región -ya que, según exponen, el Ejecutivo central «no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados»- y ha defendido que debería ser una normativa en forma de ley orgánica y no de real decreto.

La presidenta de la región, que ya se había mostrado en múltiples ocasiones en contra del reparto, que permitiría aliviar la tensión de los dos territorios que están aguantando la mayor parte de la presión migratoria, ha señalado, en la exposición de los motivos por los que presenta el recurso ante el Constitucional, que la medida va a «multiplicar los problemas de la inmigración ilegal» y «vulnera los principios de lealtad negociándolo con partidos independentistas».

Ayuso también ha argumentado que desde la Comunidad de Madrid, que gobierna desde hace seis años, ya se atiende «a miles de menores», en contra de lo que han expuesto desde otros territorios, que acusaban a la región de ser poco solidaria con esta emergencia humanitaria. De hecho, en el anuncio hecho, aseguran que la región ha atendido desde 2019, hace seis años, a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados y, en lo que llevamos de 2025, a 937.

Desde la Casa de Correos también señalan que el real decreto «infringe varios preceptos de la Carta Magna». Entre ellas, algunas competencias autonómicas puesto que, según defienden que «la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores». Y creen que los criterios de reparto, muy similares a los que ya obtuvieron el visto bueno por unanimidad hace tres años en una Conferencia Sectorial de Infancia, son «subjetivos» y no «priorizan la garantía de la asistencia a los menores», por lo que consideran que es «contrario» al principio de «solidaridad y lealtad entre Administraciones» al «haberse realizado sin contar con las comunidades autónomas».