El pacto catalán resquebraja Sumar y se asoma al rechazo de la mayoría del Congreso

Son cuatro parlamentarios: dos de Compromís, otro también valenciano adscrito a Izquierda Unida –Nahuel González— y un último de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. Todos ellos coinciden en que si Cataluña recibe más ventajas para su financiación, el resto de las comunidades autónomas se las merecen por igual, al margen de los pactos políticos de gobierno que se puedan alcanzar y por mucho que sirvan para apuntalar la legislatura de Sánchez o la presidencia de Illa.

La primera en pronunciarse sobre el acuerdo fue la portavoz de Compromís en el Congreso. La diputada Águeda Micó advirtió al Gobierno de coalición de que «si abre la posibilidad de reformar la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), para que dicha reforma tenga el apoyo de Compromís se tendrán que abordar las problemáticas concretas que existen en los territorios infrafinanciados, concretamente Valencia».

«Para que esta reforma de ley orgánica tenga el apoyo de mi partido tendrá que abordar los problemas de la Comunidad Valenciana»

Águeda Micó

Diputada de Compromís

Micó apoyó sus exigencias en el consenso al margen de ideologías que sostiene que la Comunidad Valenciana es la autonomía más perjudicada por el vigente sistema de financiación, que data de 2009. La portavoz de Compromís no fue la única en poner pie en pared. El aragonesista Jorge Pueyo insistió en que no apoyará una reforma de ley orgánica que no contemple una compensación a su comunidad autónoma.

Junto a los diputados de Sumar que rechazan el pacto para la financiación excepcional de Cataluña se sientan en la misma bancada del Congreso siete diputados catalanes elegidos en las generales del 23-J por Catalunya en Comú, la formación liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el actual ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Los representantes de los comunes no solo apoyan el pacto de financiación sino que además aspiran a formar parte del próximo Govern con Salvador Illa al frente.

Mientras, la oposición se prepara para plantar batalla. El PP, que dirige 13 de las 19 comunidades del país, se ha abonado a la tesis de que el pacto alcanzado para investir a Illa no es más que un brindis al sol con el que Sánchez cede, al tiempo que pretende engañar a los republicanos con una «promesa imposible».

«Otra investidura comprada por Sánchez. Mintió a Junts con la amnistía. Pretende repetirlo con ERC con una promesa imposible»

Alberto Núñez Feijóo

Presidente del PP

La cúpula del principal partido de la oposición se erige como el «dique de contención» para evitar la ejecución del acuerdo entre ERC y el PSC, sobre el que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció a través de la red social X. Denunció el «chantaje independentista» que, a su juicio, supondría que Cataluña se salga del régimen común y recaude el cien por cien de los impuestos. Y equiparó la entente de los socialistas con ERC a la que forjó con Junts sombre la ley de amnistía.

Feijóo, que auspició reuniones con presidentes socialistas cuando encabezaba la Xunta gallega, reprobó que Sánchez pretenda «comprar otra investidura» a cambio de «más desigualdad» entre los ciudadanos. «Mintió a Junts con la amnistía. Pretende repetirlo ahora con ERC con una promesa imposible», apostilló. Sí compareció en el Congreso, antes de que se conociera la letra pequeña del acuerdo, el portavoz Miguel Tellado, quien no ahorró en calificativos para subrayar que el pacto se trata de un «error histórico del PSOE» y «un ejercicio claro de corrupción política y económica».

En esta misma línea, las comunidades del PP anticiparon ayer recursos ante el TC en el caso de que se reforme la financiación en perjuicio de sus territorios. El presidente andaluz, Juanma Moreno, fue el primero en avanzar que su Gobierno apelará hasta las últimas instancias de la justicia para evitar lo que definió como «un mazazo al principio de solidaridad».

A Moreno le sucedieron en su indignación otros presidentes populares como Fernando López Miras (Región de Murcia), Alfonso Rueda Galicia (Galicia), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) o Gonzalo Capellán (La Rioja). Cada uno de ellos se comprometió a presentar todas y cada una de las impugnaciones que tengan a su alcance. «El acuerdo con Esquerra supone que el resto de comunidades autónomas vamos a recibir menos dinero del que nos toca porque se lo va a quedar Cataluña», resumió el valenciano Carlos Mazón.

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País Vasco apoya el pacto y Navarra se mantiene al margen

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País Vasco y Navarra, las dos comunidades autónomas que disponen de una singularidad fiscal desde la aprobación de la Constitución en 1978, no censuran el pacto entre PSOE y ERC. El Lehendakari, Imanol Pradales, consideró «positivo» el acuerdo al permitir a los catalanes «avanzar en términos de autogobierno». El jefe del Ejecutivo vasco defendió ayer que Euskadi contribuye al resto de comunidades incluso en mayor proporción a su población y a su peso en el Producto Interior Bruto de España. El gobierno navarro que preside la socialista María Chivite ha evitado pronunciarse al respecto.