Anticorrupción pide imputar a Ábalos en el Supremo por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal

Con este informe ya encima de su mesa, es solo cuestión de días que el juez Ismael Moreno eleve su escrito al Supremo, pidiendo el encausamiento del exministro de Transporte, que dada su condición de aforado (actualmente sigue siendo diputado del Grupo Mixto), solo puede ser investigado en el alto tribunal. El instructor de la Audiencia Nacional -que desde inicios de semana también tiene en su poder la certificación del Congreso de los Diputados de la condición de parlamentario de Ábalos que había pedido a la presidencia de la Cámara Baja- tiene que decidir ahora si pide al Supremo que se haga cargo de todo el 'caso Koldo' o que únicamente instruya sobre los cargos que pesan contra el otrora hombre fuerte de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el Partido Socialista.

Moreno activó el jueves de la pasada semana el mecanismo para imputar a Ábalos después de recibir el vasto informe de la UCO que abordaba numerosas implicaciones del exdirigente socialista y sus acólitos en la trama para terminar zanjando que José Luis Ábalos tenía «un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último». «Los hechos que se reflejan en este informe muestran no sólo la influencia de Aldama en el Ministerio de Transporte a través de presuntas prácticas corruptas, sino también el intento de éste de influir en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos», señala el instituto armado.

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Los investigadores subrayan que los pagos realizados a Koldo García tenían «como principal razón de ser» el «mantener el acceso de Aldama tanto al propio asesor como a José Luis Ábalos». La UCO en ese punto certifica: «Los pagos en efectivo fueron acompañados de contraprestaciones también a Ábalos».

En grandes líneas, el informe de la UCO que ha servido a Anticorrupción para ver clara la petición de imputación del ministro apunta a la intervención de Ábalos en cuatro grandes actuaciones delictivas. La primera es su trabajo para que la trama del empresario Víctor de Aldama se introdujera durante la pandemia de manera fraudulenta en diferentes administraciones (ministerios de Transportes o Interior y los gobiernos de Canarias o Baleares) para la venta de mascarillas con grandes sobrecostes.

El segundo bloque de cargos contra el exministro tienen que ver con su amante. La trama, según la Guardia Civil, pagó los gastos de alquiler del piso de lujo de la novia del exministro, amén de hacerse cargo de otros gastos de viajes de Jéssica R.G. El propio Ábalos, además llevó en viajes oficiales a Canadá, Rusia y Emiratos a su querida.

La tercera vía de sospecha contra José Luis Ábalos es su participación activa en la operación para que en enero de 2020 la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegara a Barajas con un cargamento de 104 barras de oro. La UCO ha revelado que el entonces ministro avisó a Pedro Sánchez de la llegada de la número 2 de Maduro, quien tenía, no obstante, prohibida su entrada a la UE.

También aparece involucrado directamente el todavía diputado en las maniobras de la trama para presionar al Gobierno al rescate de Air Europa y para informar en tiempo real a los responsables de la aerolínea de los avances de esa operación que supuso el desembolso de 475 millones de euros.

La decisión de Anticorrupción de apoyar al juez de la Audiencia Nacional en su determinación de actuar contra José Luis Ábalos es un jarro de agua fría –por otro lado, más que previsible- a las aspiraciones del exsecretario de Organización del PSOE de librarse de la imputación, tratando de declarar como testigo en esta causa en el tribunal de la Calle Génova.

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El exdirigente socialista, es cierto, podría teóricamente, sin renunciar al aforamiento, declarar ante la Audiencia Nacional como testigo. Pero procesalmente esta maniobra parece inviable porque con la cantidad de indicios que ya pesan contra en esta causa (hasta el punto de que el juez ya ha iniciado los trámites para solicitar su imputación en el Supremo), sería necesario, para salvaguardar su derecho de defensa, que depusiera como imputado y asistido por abogado, ya que como testigo tiene obligación de decir verdad y podría autoincriminarse.