Ábalos reclama al Supremo que solo le investigue a partir de los contratos de las mascarillas

El juez reclamó los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, como pedía la UCO, al considerar preciso extender estas pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en «conocimiento y relación» con Víctor de Aldama y con su exasesor, Koldo García, «en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del señor Ábalos».

Sin embargo, en su escrito de once páginas, Ábalos sostiene que esas diligencias tendrían un carácter «prospectivo», por lo que exige al magistrado que ordene «todo lo preciso para limitar el periodo de la investigación» y que estas indagaciones tengan su punto de partida en la pandemia. «Se está utilizando una información que nada tiene que ver con la investigación que se está llevando a cabo, sobre todo por los periodos de tiempo a los que hacen referencia», denuncia la defensa del exdirigente socialista.

José Luis Ábalos, en ese punto, llega a ironizar parafraseando al propio juez Leopoldo Puente con que «la investigación no es prospectiva y se encuentra totalmente acotada por el magistrado instructor» para cuestionar que haya autorizado a la UCO ha bucear en más de una década de sus cuentas, cuando por entonces ni siquiera conocía a Koldo García o al propio De Aldama.

En esa línea, recuerda el abogado del exministro que el primigenio instructor de este sumario en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, situó como punto de partida de este caso las adquisiciones de mascarillas por parte de los ministerios de Transportes e Interior, además de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

José Luis Ábalos también incide de forma particular en que el Supremo no extienda su investigación a la fundación con ramificaciones en Perú. Alega que está desvinculada de Fiadelso desde 1999, por por las indagaciones sobre esta institución estarían «totalmente alejadas» a su época al frente de Transportes y su supuesta participación en la adjudicación de los contratos de las mascarillas, por la que De Aldama asegura que repartió hasta cuatro millones de euros entre Ábalos y su entonces mano derecha, Koldo García. «El señor Ábalos no tiene ninguna propiedad en Chimbote porque está desvinculado de la fundación que es quien ostenta la propiedad», afirma el alegato.

El exsecretario de Organización del PSOE aprovecha su escrito para acusar a la UCO de «extralimitarse» en su encomienda del Supremo al incluir en su último informe «información personal y familiar», además de «incurrir en errores» (al atribuirle la compra en Colombia de un terreno por valor de más de dos millones de euros cuando en realidad solo costó unos 700 euros).

«Se debería haber realizado un expurgo previo al objeto de evitar daños personales y familiares«, se queja Ábalos, quien llega a insinuar que la UCO ha llegado a introducir en sus informes «opiniones e insinuaciones cuando menos capciosas e indebidas», insistiendo en su tesis de que la Guardia Civil ha perdido cualquier objetividad en este caso.