La Manada, libre por vivir a 500 kilómetros de la víctima

El tribunal acuerda que los cinco condenados puedan eludir la prisión provisional con una fianza de 6.000 euros.

Además, el tribunal impone a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.

Les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicación con la víctima, la retirada del pasaporte, y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.

El auto cuenta con un voto particular discrepante, el del presidente del tribunal, quien aboga por prorrogar la prisión provisional de manera incondicional.

La sección segunda de la Audiencia de Navarra, que en abril condenó a nueve años de cárcel a La Manada por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016, ha trasladado este viernes a las partes el auto por el que acuerda la libertad provisional de los cinco miembros del grupo, conocida ayer jueves. Entre las razones para dejarlos libres, la audiencia destaca que viven a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales, que no tienen dinero para «procurarse una fuga eficaz» y que la alarma social no justifica mantenerlos en prisión preventiva.

Con respecto a la reiteración delictiva, la Audiencia de Navarra incide en el auto en que «ninguno de los acusados ahora condenados» cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados. El auto ha tenido en cuenta, además, «que los acusados tienen residencia a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima» y que se puede tranquilizar el sosiego de la víctima con otras medidas que sean «menos gravosas que la prolongación de la situación provisional».

Sobre el riesgo de fuga, la Audiencia de Navarra incide en la «insolvencia de todos los condenados», con excepción de Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena (declarado parcialmente insolvente y a quien le ha sido embargada una vivienda), «careciendo todos ellos de medios económicos para procurarse una fuga eficaz». Sobre la alarma social, el tribunal de la Audiencia de Navarra ha declarado que la alarma social «no es un criterio válido» a efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional.

Los cinco estaban en prisión desde el 7 de julio de 2016 y los jueces podían haber prorrogado esta situación otros dos años y medio. Pero la sala, con el voto a favor de dos de los tres magistrados que la forman, ha optado por excarcelar a los jóvenes bajo fianza de 6.000 euros. La decisión desencadenó ya ayer protestas en las calles de Pamplona y Barcelona, que hoy se van a repetir en numerosos puntos del país.

José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza, de entre 26 y 29 años, saldrán en libertad en cuanto depositen la fianza de 6.000 euros impuesta por la sala. Un agente judicial se desplazó ya ayer jueves a los centros penitenciarios (tres están en la cárcel de Pamplona y el militar y el agente en la prisión castrense de Alcalá de Henares, en Madrid) para comunicarles la resolución.

El abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha avanzado que sus defendidos depositarán la fianza «lo más rápido posible» tras haberse notificado el auto de libertad pasadas las 08.30 horas de este viernes. En declaraciones a Onda Vasca, Martínez Becerra ha dicho que «confiaba en esta decisión» igual que confía «en la inocencia» de sus defendidos. «No discutimos la violencia contra las mujeres, sino un caso particular en el que, por mucho que les pueda molestar, son inocentes», ha reiterado. Asimismo, ha defendido que la prisión provisional es algo «excepcional y debe estar así considerada». El abogado ha rechazado que determinados partidos políticos hayan criticado el auto «sin haberlo leído».

La puesta en libertad ha salido adelante con el voto a favor de dos de los tres magistrados que componen la sala: Ricardo González, que ha pedido la libertad de La Manada desde el inicio del procedimiento y en abril redactó un polémico voto particular en el que pedía la absolución de los acusados, y Raquel Fernandino, que votó a favor de condenarlos pero ahora ha optado por dejarlos en libertad. Fernandino se había opuesto a las tres peticiones de libertad que habían formulado hasta ahora las defensas y suscribió el duro relato de hechos que dio por probado la Sala en la sentencia. En esta ocasión, ha decidido sin embargo revocar la prisión provisional, una decisión a la que solo se ha opuesto el presidente de la Sala, José Francisco Cobo.

En el voto discrepante, Cobo sostiene que debe mantenerse en prisión a los miembros de La Manada «para proteger la seguridad, estabilidad y tranquilidad de la denunciante, así como el de su entorno convivencial», ya que asegura que la víctima y su entorno han recibido amenazas recientes.

A cambio de la libertad, la Audiencia les impone medidas cautelares, además de la fianza económica: los condenados deben designar un domicilio y un teléfono para estar localizables en todo momento. En caso de que no sean localizados «de inmediato» en esos domicilios se exponen a orden judicial de detención. Además, tendrán que comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, tienen prohibido acercarse a la víctima ni entrar en la Comunidad de Madrid —donde reside la joven—, se les ha retirado el pasaporte y no pueden salir del territorio nacional sin autorización judicial.

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