El juez da el paso previo a pedir al Supremo que investigue al fiscal general por revelación de secretos

Según admiten fuentes cercanas a esta causa, el interrogatorio como investigados de ambos es solo un mero trámite para evitar que la Sala Penal del Tribunal Supremo ponga algún tipo de objeción a la exposición razonada enviada por Goyena, si éste no interroga antes a los dos fiscales que fueron denunciados por el novio de Ayuso.

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Siempre de acuerdo con estas fuentes, la intención del magistrado es no demorar mucho más la petición de inhibición ante el Supremo, una vez que todos los documentos que ya engrosan el sumario y el testimonio de las personas que intervinieron en la controvertida nota que fue enviada el 14 de marzo hayan confirmado que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que dio la orden personal de desmentir las informaciones de que el intento de pacto había surgido del Ministerio Público, aun a costa de airear datos confidenciales que obran en la causa contra González Amador por doble fraude fiscal.

En esa inhibición ante el Supremo no figuraría el nombre de Salto, que, según la investigación, se limitó a reenviar los correos electrónicos que se cruzó con el abogado de González Amador cuando sus superiores le sacaron la noche del 13 de marzo apresuradamente de un partido de Champions en la capital madrileña. La duda es si esa exposición razonada incluirá a Pilar Rodríguez, quien reenvió a la cuenta personal de Gmail de García Ortiz, al menos, uno de los mensajes que, a su vez, le había enviado Salto.

El propio García Ortiz, que ya ha anticipado que no piensa dimitir aunque sea imputado por el Supremo, remitió el 10 de junio un escrito al TSJM en el que reclamaba al tribunal que se inhibiera, al tiempo que admitía que fue él quien dio la orden de enviar un comunicado a la prensa para desmentir «un bulo» difundido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que afectaba a la pareja de Díaz Ayuso. La información sobre el partió del jefe de gabinete de la presidenta autonómica, Miguel Ángel Rodríguez.

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El asunto de fondo es que, en esa nota de prensa para desmentir esa información que identificó como falsa, el Ministerio Público aireó fragmentos literales de la conversación extrajudicial entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador, en la que éste admitió el fraude fiscal de su cliente. Esta circunstancia provocó una querella del empresario contra Salto y su jefa, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos, que fue admitida por el TSJ de Madrid por la condición de aforados de ambos ante el tribunal autonómico. A la acusación se sumó el Colegio de Abogados de Madrid en defensa de los intereses de su colegiado Carlos Neira, defensor del novio de Ayuso, por supuesta vulneración de la confidencialidad de sus conversaciones profesionales.