Tribunales
Fueron las dos inspectoras de la Agencia Tributaria que llevaron ante la Fiscalía Provincial de Madrid en febrero de 2024 el expediente fiscal abierto al ... entonces ciudadano anónimo Alberto González Amador. Las funcionarias que analizaron los movimientos monetarios y societarios del empresario sanitario, cuya carrera laboral ha crecido de la mano del Grupo Quirón, contratista de la Comunidad de Madrid, la administración presidida por su pareja Isabel Díaz Ayuso.
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Ambas empleadas comparecieron este viernes en el juzgado ordinario de Madrid que investiga por cuatro delitos a González Amador. Y las dos certificaron ante la magistrada Inmaculada Iglesias los supuestos gastos ficticios detectados y los indicios hallados en relación a la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública.
La comparecencia tuvo lugar después de que el pasado 24 de febrero el novio de la presidenta regional se acogiera a su derecho a no declarar ante la magistrada. Lo hizo por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba pendiente sobre la pieza separada. Una apelación en la que, una semana después, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigaran otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal. Se trata de presunta administración desleal y corrupción en los negocios entre particulares.
Gastos por servicios ficticios
En los interrogatorios de este viernes, que se han prolongado durante varias horas, las inspectoras han ratificado que se detectaron «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se corresponden con servicios realmente prestados; todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021». Un alegato que la defensa ha tratado de replicar con discrepancias «técnicas» y «fácticas» frente al contenido de los informes.
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En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente, y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros».
A esto se le suma la próxima citación del 10 de abril para responder por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal dentro de su relación comercial con el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, en el marco de la pieza separada de la causa.
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