Las 24 horas que doblegaron a García Castellón

Molina fue la única de los diez investigados en la causa instruida por el juez Manuel García Castellón que declaró a finales de mayo. El resto desoyó la citación del juzgado de la Audiencia Nacional. La secretaria de Movimientos Sociales de ERC se definió como «activista y pacifista», evocando su mote, y aseguró que nunca había respaldado actos de carácter terrorista negando de plano las acusaciones de García Castellón.

Pero su testimonio exculpatorio no era, ni mucho menos, el as en la manga que tenía para librarse de la acusación. Cuatro meses antes, a finales de enero, su abogada, Marina Roig, ya había lanzado el órdago definitivo al juzgado. Un recurso que, de prosperar, invalidaría el grueso de la investigación y dejaría noqueado a García Castellón. Este lunes, la Sala de lo Penal de la Audiencia resolvió que hubo un error procesal del juez y borró de un plumazo tres años de pesquisas e indicios. Al instructor no le quedó más remedio que archivar la causa. Una decisión que favoreció también el sobreseimiento para Carles Puigdemont en el Supremo, donde estaba acusado de terrorismo por liderar las acciones de Tsunami desde su refugio belga.

«Nos dimos cuenta del error en enero pasado. Tras levantarse el secreto de las actuaciones en mayo de 2023 (tres años y medio después de iniciarse las diligencias), comprobamos que había una prórroga de la investigación en julio de 2021 que era irregular. No sé si el juez era consciente», resumió Roig en RNE.

El asunto es muy simple. Por ley, cada seis meses hay que dictar un auto para prorrogar la instrucción y el juzgado, en lugar de hacerlo el 29 de julio de 2021, fecha límite, lo hizo 24 horas después, el 30. En consecuencia, el tribunal de apelación presidido por Alfonso Guevara acordó que esta resolución era «extemporánea» y rechazó las alegaciones «contradictorias» del magistrado.

La convulsa instrucción de Tsunami, reactivada por García Castellón en pleno debate sobre la proposición de ley de amnistía tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, firmó el mismo lunes su defunción. Pero además eliminó el debate jurídico sobre el borrado penal de los hechos investigados para alivio de la docena de encausados, con Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira –ya de regreso a Cataluña–, al frente.

Roig y el abogado del expresident, Gonzalo Boye, defensor del también ante García Castellón investigado Josep Lluís Alay, emprendieron conjuntamente el recurso que ha acabado por doblegar al magistrado. Identificaron entre miles de folios un fallo en el procedimiento y pidieron el amparo de la Sala, que les ha dado la razón en un ejercicio de garantismo procesal pocas veces visto.   

Las defensas han cargado contra el juez, azote del independentismo, por no admitir su garrafal error cuando conoció en enero el recurso. En esas fechas ya había mandado la exposición razonada contra Puigdemont al Supremo, que fue admitida en febrero, y luego preparó el terreno para llevar la causa a juicio. De lo que ERC deduce «una clara intencionalidad política».

Este borrón en el expediente de García Castellón, que se jubila forzosamente en octubre al cumplir 72 años, quedará para siempre impreso en el independentismo catalán. Los secesionistas han visto al togado como un obstáculo en sus negociaciones con el Gobierno. Los mismos actores políticos que no hace mucho tiempo atacaban al PP usando las instrucciones del juez cuando eran desfavorables para los populares, como la 'operación Kitchen' (seguimientos policiales al extesorero Luis Bárcenas) o los casos de corrupción Púnica o Lezo en la Comunidad de Madrid.

García Castellón también fue el instructor que encarceló a Mario Conde por el 'caso Banesto', en los años 90; el primer responsable de la caída de Jesús Gil, de su destitución y de desmontar su emporio; y fuera de nuestras fronteras, cercó al dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. En sus manos cayeron las investigaciones sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que este miércoles cumplió su 27 aniversario, o el atentado de ETA contra Jose María Aznar.

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En su carrera hubo un paréntesis patrocinado por el Gobierno del PP para ejercer como juez de enlace, primero en Francia y luego en Italia. Su regreso a la Audiencia Nacional se produjo 17 años después y entre otros sumarios ha tenido que lidiar con el 'caso Villarejo', que le llevó, entre otras cosas, a solicitar sin éxito al Supremo imputar a Pablo Iglesias en relación con el 'caso Dina' e investigar en secreto la financiación de Podemos. Ahora, el archivo de Tsunami escribe el epitafio judicial del veterano magistrado.