El fiscal general pide anular el registro de su despacho por su «notoria desproporción»

El fiscal general del Estado pasa al contraataque en la causa abierta en el Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos. Tras pedir la declaración como testigo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y de siete periodistas, Álvaro García Ortiz ha recurrido ante la Sala de lo Penal el auto de entrada y registro de su despacho dictado el pasado 30 de octubre por el juez instructor, Ángel Luis Hurtado.

La Abogacía del Estado, en representación del fiscal general, ha pedido la anulación de esta resolución por su «manifiesta y notoria desproporción», que llevó incluso al propio Hurtado a recular y limitar el análisis de los datos intervenidos a seis días de marzo (del 8 al 14) cuando en el auto inicial pidió a los agentes de la UCO de la Guardia Civil una copia de las comunicaciones y correos requisado de los últimos ocho meses.

Para los servicios jurídicos del Estado, estas diligencias de entrada y registro, clonado, volcado e incautación de dispositivos de almacenamiento masivo «constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado (dado que se llevaron información altamente sensible sobre otros asuntos) y a la fiscal jefe provincial de Madrid». Se trata de Pilar Rodríguez, también investigada por una presunta revelación de secretos en el marco de unos correos remitidos a la prensa en los que la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, admitía un fraude al fiscal que lo denunció, Julián Salto.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a quien Hurtado encomenzó la investigación, llevaron a cabo el pasado 30 de octubre el clonado completo de dos teléfonos móviles, una tableta y varios ordenadores del fiscal general tras permanecer varias horas en su despacho de la sede del Ministerio Público.

Este movimiento de la Abogacía del Estado se suma al de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que señaló en su recurso de apelación ante la misma Sala de lo Penal que los autos de admisión de la causa debían ser declarados nulos porque no contenían «un relato de los hechos que se consideran delictivos».

Cabe recordar que González Amador llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid. El comunicado desmintió un «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, sobre estos hechos y dio cuenta del cruce de correos electrónicos entre el abogado defensor y el fiscal Salto. Los magistrados del Supremo, sin embargo, no apreciaron delito en la nota de prensa, sino que pusieron el foco en las filtraciones anteriores sobre esas comunicaciones a los medios de comunicación. Un asunto que Hurtado consideró de extrema gravedad para justificar el registro a García Ortiz, pese a tratarse de un ilícito con penas menores.