La Fiscalía revela que la pareja de Ayuso ofreció un acuerdo en el que asumía el fraude fiscal

González Amador, acusado de defraudar casi 351.000 euros en el Impuesto de Sociedades mediante la emisión de hasta 15 facturas falsas proporcionadas por otras empresas, admitió a través de su abogado que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». Por lo tanto, añadió, «es voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo de conformidad penal (…) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT (Agencia Tributaria)». Una literalidad que contradice las palabras pronunciadas este miércoles por la propia Díaz Ayuso: "No hay trama de facturas, no hay sociedades pantalla", afirmó.

La Fiscalía Provincial de Madrid, que ha reconocido este jueves el ofrecimiento de la defensa en un comunicado oficial, finalmente formalizó la denuncia el 7 de febrero y la presentó una semana después. El escrito ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que ahora debe decidir si, como pide la sección de delitos económicos del Ministerio Público, investiga y cita a declarar a González Amador y a otros cuatro empresarios que le habrían ayudado con el presunto falseamiento de las facturas.

En el centro de las diligencias está la empresa Maxwell Cremona, que multiplicó por seis sus beneficios en el peor momento de la pandemia y cuyo administrador único es la pareja de Díaz Ayuso. El empresario especializado en certificados de eficiencia energética comisionó casi dos millones de euros por intermediar en favor de la empresa catalana FCS para el suministro de mascarillas al Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, la voluntad de ahorrar en la tributación de esos rendimientos mediante el uso de una empresa pantalla administrada también por González Amador -sin trabajadores ni experiencia previa sanitaria- provocó la apertura de una inspección fiscal en mayo de 2023. Un expediente que ha permanecido ocho meses abierto antes de formalizarse la denuncia, por lo que el implicado tuvo ese tiempo para regularizar su situación fiscal ante la Agencia Tributario y no lo hizo. Ahora se ha sabido que cuando llegó el ofrecimiento de la defensa para abonar los 351.000 euros más los intereses correspondientes ya era demasiado tarde, ya que la denuncia se comenzó a tramitar el 23 de enero, según detalla la Fiscalía.

El fiscal encargado del caso, Julián Salto, sí llegó a contestar al abogado de González Amador una vez formalizada la denuncia. En un correo remitido el pasado 12 de febrero a las 11:34 de la mañana, señaló: «Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas. Hay otras personas denunciadas, aunque esto no es un obstáculo para llegar a alcanzar una conformidad penal».

Esta respuesta fue utilizada ayer por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, para desviar el foco en la propia Fiscalía. Aseguró en la red social X (antes Twitter) que fue el fiscal quien se dirigió por mail al abogado de González Amador para ofrecerle el pacto. «Resumen de la locura de hoy: la Fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, las misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio», escribió Rodríguez este miércoles a las 10:41 de la mañana. Un relato que ha sido desmentido por la Fiscalía de Madrid en el comunicado difundido este jueves.

Según la nota, la cronología de hechos comienza el 23 de enero pasado, cuando la sección de delitos económicos abrió diligencias de investigación como consecuencia del escrito-denuncia de la Agencia Tributaria; continúa el 2 de febrero con el correo del abogado de González Amador pidiendo el acuerdo y reconociendo el fraude fiscal; prosigue el día 7 con el decreto de denuncia del fiscal; el 12 de febrero el acusador responde al abogado, un día después se interpone la denuncia y el pasado martes 12 de marzo el fiscal vuelve a contactar con la defensa para hacerle llegar la denuncia y recordarle que sigue abierto al acuerdo con las mismas condiciones que hace un mes: asunción de los hechos delictivos y aceptación de la sanción penal.

El Código Penal y la normativa tributaria recogen varias opciones para que un defraudador fiscal pueda evitar el banquillo o, al menos, ver reducidas sus condenas de manera sustancial. Uno de ellos, ya fuera de su alcance, es pagar la deuda antes de saber que se está siendo investigado. En este caso, las indagaciones de la Agencia Tributaria le fueron notificadas a él y a sus empresas en mayo de 2023 y diez meses después se comenzó a tramitar la denuncia penal sin que hubiera regularizado.

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Otro camino es el de reconocer tanto el delito como pagar la deuda antes de que empiece un hipotético procedimiento penal. El artículo 305.6 del Código Penal establece que los jueces podrán imponer la condena «inferior en uno o dos grados» siempre que antes de que pasen dos meses desde su citación judicial como imputado el acusado pague su deuda tributaria y «reconozca judicialmente los hechos». Esta es la vía que se abre ahora para la pareja de Díaz Ayuso, que en cualquier caso se enfrentará a una causa que durará varios meses.