La exconsellera de Emergencias de Valencia achaca las 228 muertes de la dana a la falta de obras del Gobierno central

Por un lado, Pradas considera que no está suficientemente motivado y que su citación se debe únicamente al hecho de pertenecer a la estructura de la Administración pese a que en uno de los autos, la jueza admite: «La atribución de homicidios imprudentes, no puede basarse exclusivamente ni en el hecho de que se forme parte de una estructura administrativa, es exigible que se determine la concreta responsabilidad individual». En este sentido, además, señala que existía un «mando dual» en el Cecopi con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La exdirigente autonómica precisa que lo acontecido el pasado octubre es una tragedia de una magnitud colosal y da cifras del impacto de la tormenta en diferentes ámbitos que se desencadenó «con una rapidez imparable». De esta forma, sostiene que un fenómeno de esta magnitud no puede acotarse solo a las competencias de Protección Civil. «El Estado tiene igualmente competencias y de él dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos, como la Delegación del Gobierno, la Aemet y la Confederación del Júcar».

La exconsellera tiene claro el «origen principal» de la tragedia, que se cobró 228 víctimas mortales. «No fueron tanto las lluvias sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores».

El escrito presentado por Pradas cita, entre otras, la presa de Cheste en 2005 y las obras del encauzamiento del citado barranco del Poyo que se iban a hacer, en 2011, y que tampoco se hicieron. «Eso sí que hubiera evitado las muertes que desgraciadamente se produjeron», subraya. Su letrado mantiene que no se puede limitar el objeto de la investigación al supuesto retraso del aviso Es Alert «ya que la cuestión es mucho más compleja».