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Capturados de madrugada con allanamientos violentos en sus hogares, en la sala de espera del aeropuerto, de día en plena calle o en operaciones conjuntas de varias fuerzas de seguridad, en Venezuela hay doce ciudadanos españoles encarcelados por motivos políticos. Tienen edades entre 32 y casi 70 años y se encuentran confinados en celdas aisladas e insalubres. «Un día desapareció. Nadie supo qué había pasado. No había ninguna información. Esperamos varios días, a ver si alguien nos decía algo, pero sospechábamos que era una detención del Gobierno», sostiene un familiar de uno de estos presos políticos. «Fueron días de angustia hasta que supimos el sitio de reclusión. Todos sabemos lo que pasa ahí dentro».
Pasadas semanas e incluso meses de encierro, los detenidos logran cierto contacto con el mundo exterior. Cuando ocurre, sus allegados tienen que entrar en los centros penitenciarios con los ojos tapados después de un registro exhaustivo, para ver y hablar con el reo durante unos diez minutos, según los testimonios. Nunca se pueden tocar. A otros apenas se les permite enviar cartas que son mostradas a las visitas por un funcionario de prisiones, que impide llevársela o fotografiarla.
Por lo general, según las fuentes, la mayor parte de la comunicación de los doce presos políticos, la mayoría con doble nacionalidad española y venezolana, se refiere a lo que necesitan para sobrevivir: comida, agua, medicinas o productos higiénicos, lo que permite intuir las condiciones de reclusión. «Le escribimos nosotros también, pero no sabemos si lee nuestras cartas», lamenta un familiar. «Memorizamos lo que nos pide, se lo llevamos en la siguiente visita, pero tampoco sabemos si le llega o se lo queda otra persona».
9 de febrero de 2024. Presidente de la ONG Control Ciudadano, fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía (el más cercano a Caracas) cuando pasaba la aduana para viajar a España. También capturaron ese mismo día a su hija, sus padres y sus hermanos. La activista, que denunciaba la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y paramilitares, estuvo diez días incomunicada y se encuentra detenida en El Helicoide.
2 de septiembre de 2024. Desapareció cuando se dirigía a Puerto Ayacucho, una ciudad de la selva del sur. Doce días después el Gobierno anunció su captura como «mercenario» con planes de asesinar al presidente Nicolás Maduro y con nexos con el CNI, algo que negó España. Junto a José María Basoa, durante tres meses estuvo en «desaparición forzosa» y luego se conoció que estaba en la cárcel Rodeo I, en el centro del país, con presos comunes, acusado de terrorismo y tráfico de armas.
2 de septiembre de 2024. Sus familiares aseguran que estaba de vacaciones con Martínez Adasme, recorriendo Suramérica, aunque analistas venezolanos señalan que en la zona de su detención no hay turismo sino tráfico de oro bajo control de la guerrilla y el Gobierno. Aunque el Gobierno reconoció su captura en una zona militar restringida por «mercenario», estuvo desaparecido tres meses, hasta que se supo «extraoficialmente» que estaba «privado de libertad» en el «internado judicial» Rodeo I, acusado de conspiración, terrorismo y tráfico ilícito de armas.
2 de octubre de 2019. Casi un año después de un intento de magnicidio, la Contrainteligencia militar allanó su casa y la trasladó, junto a su esposo de nacionalidad italiana, a sus mazmorras. Imputada por asociación para delinquir y de financiamiento al terrorismo, la dejaron libre bajo fianza meses después, pero volvió a ser detenida el mismo día por otra fuerza de seguridad, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Acusada de los mismos delitos iniciales, el mismo tribunal que la liberó la condenó a 30 años de prisión.
Con un «patrón de represión selectiva», los españoles están imputados por delitos como «terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, rebelión y traición a la patria, contraviniendo los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia», según el 'Reporte especial sobre presos políticos con nacionalidad extranjera en Venezuela', presentado este mes por el Foro Penal, una organización independiente de derechos humanos dedicada a apoyar a las familias de presos políticos en Venezuela.
Por motivos políticos hay 36 extranjeros detenidos en Venezuela, la tercera parte españoles, una cifra que «aumentó significativamente» tras las elecciones de julio del año pasado, que ganó el opositor Edmundo González sin el reconocimiento del régimen de Nicolás Maduro. «Después del 28 de julio ninguna persona detenida ha tenido acceso a un abogado», confirma Alfredo Romero, director de Foro Penal. «Están totalmente aislados, porque no hay información oficial sobre ellos. De algunos, ni siquiera se sabe dónde se encuentran. Antes de esa fecha (de las elecciones) se permitían abogados designados por el acusado y había acceso a los expedientes, pero en los casos posteriores se designa un defensor público, que se convierte en el único canal con el proceso judicial».
Con juicios «sumarísimos» hay españoles encarcelados desde hace cuatro años que no han salido de su encierro ni siquiera para asistir a sus propias audiencias. «Se hacen por vía telemática», asegura un abogado. «El aislamiento no es sólo físico, también institucional y jurídico».
«En la mayoría de los casos documentados, las víctimas son arbitrariamente detenidas sin orden judicial previa, incomunicadas de sus familiares y trasladadas a centros de detención clandestinos o de difícil acceso», mantiene el informe de la ONG, que agrupa a unos 6.000 voluntarios y abogados. «La negativa de las autoridades a reconocer la detención y proporcionar información sobre el paradero de las víctimas somete a los detenidos a un estado de indefensión absoluta, impidiendo la asistencia legal».
21 de septiembre de 2018. De madrugada, miembros armados del servicio de inteligencia Sebín asaltaron el hogar de esta profesora jubilada de una de las universidades más prestigiosas del país y activista por los derechos de los animales. Una semana después fue acusada de terrorismo. Se encuentra en El Helicoide, un temido centro de detención. Cuatro años después fue condenada a 24 años de prisión. Según los jueces, estuvo implicada en el intento de asesinato de Maduro. Su culpa, dicen sus allegados, fue rescatar a los perros de un opositor que había sido asesinado.
29 de noviembre de 2024. Desaparecida durante varios días, junto a su marido, de nacionalidad argentina, fue imputada por terrorismo después de las últimas elecciones presidenciales. Encerrada en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, se le acusó de recibir correspondencia con destino a varios políticos opositores asilados en la embajada de Argentina, que queda cerca de la pizzería que ella regenta en una zona céntrica de Caracas.
6 de Agosto de 2017. Asistía a una competición de motos con su familia cuando efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) le detuvieron, lo subieron a un vehículo y lo trasladaron unos 180 kilómetros hasta la sede de este organismo en Caracas. Bajo coacción, que incluyó amenazas fuera del sitio de reclusión, en una montaña solitaria, admitió las acusaciones en su contra como patrocinador de una operación contra el Ejército y asistió al allanamiento de su casa. Juzgado por «traición a la patria», es el preso político español con más tiempo en cárceles venezolanas.
5 de Mayo de 2020. Funcionarios sin identificación entraron «violentamente» en su casa y se la llevaron detenida, sin poder comunicarse con sus familiares o abogados. Mantenía una relación sentimental con uno de los acusados de planear una invasión de mercenarios a Venezuela. Recluida en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) sufrió maltrato psicológico con insultos y bajo amenazas de violación grupal y de detener a sus padres. Después de siete meses aislada, tuvo un juicio, que la condenó a 30 años de prisión.
Según fuentes venezolanas, ni siquiera el Consulado y la Embajada españoles han tenido acceso a los expedientes ni a los presos, aunque hay un seguimiento cercano y asistencia a los que ya no tienen familiares en el país. «También huyen por miedo a que les hagan lo mismo», dice una fuente. El Ministerio de Exteriores español prefirió no comentar la situación de los presos españoles ni sus posibles negociaciones para liberarles. «Ni siquiera el consulado español puede hacer nada. No ha podido entrar tampoco», afirma un familiar que se encuentra en España. «No sabemos si el Gobierno ha dado el paso de negociar para liberarlos. Hemos hablado con toda la gente que hemos podido. Pero no hemos tenido ninguna respuesta».
El proceso judicial demora varios años y las condenas superan los 20 años de prisión. Hasta 30, el máximo legal, en algunos casos. Los últimos capturados todavía esperan una sentencia, sin salir de los infames lugares de detención, donde impera una ley paralela. En Caracas, El Helicoide, sede de varias fuerzas de seguridad, o los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, donde el derecho a tan siquiera la luz solar es nulo, y en las afueras la cárcel Rodeo I, donde «el riesgo es mayor porque mezclan a los presos políticos con los delincuentes comunes y los guardias usan pasamontañas. No se sabe realmente qué ocurre adentro, porque son muy pocas las personas que han salido de allí», asegura el abogado.
Algo que suelen pedir los detenidos, según sus familiares, son ansiolíticos, pastillas para dormir, antidepresivos. «¡Imagínate lo que está viviendo allí!», exclama un familiar. Comen lo que les envían preparado, beben los líquidos que vienen de afuera, incluida el agua. Dentro de una de estas prisiones hay personas que tienen visitas, otras que no. «Es muy peligroso hablar, puede perjudicarle. No nos hemos atrevido a hacer nada más que lo que ellos (los carceleros) permiten. No hay esperanza que salga o que mejore sus condiciones de vida, ni que vaya a un sitio mejor. Sólo esperar», mantiene un familiar. Según trascendió de unos pocos casos, sufren enfermedades como luxaciones no tratadas, trastornos gastrointestinales y renales, inflamación de colon, cólico nefrítico, pérdida extrema de peso, afecciones respiratorias, hernias o problemas de tiroides.
1 de noviembre de 2024. Médico gineobstreta y expolítico, fue detenido cuando se desplazaba a su consulta en un hospital oncológico. En su captura participaron unos 20 funcionarios de tres fuerzas distintas, que no tenían orden de captura pero se lo llevaron a un destacamento militar, donde fue sometido a torturas y tuvo, según sus familiares, dos preinfartos. Acusado de incitación al odio y al terrorismo por grabar un vídeo de una protesta de familiares de presos, se encuentra en una cárcel para reos comunes.
30 de octubre de 2024. Detenida en el aeropuerto de Maiquetía, cuando iba a abordar un avión rumbo a Madrid, donde la esperaba su madre, estuvo en «desaparición forzada» durante tres meses. Luego, gracias a una notificación judicial, apareció su nombre entre los detenidos por terrorismo. Se encuentra incomunicada en El Helicoide.
9 de febrero 2024. Era coronel del Ejército y trabajador de una petrolera, estaba divorciado de la activista opositora Rocío San Miguel, también detenida. Fue detenido por la contrainteligencia, estuvo más de un mes incomunicado y está detenido en la cárcel Rodeo I, acusado de obstrucción a la justicia, asociación ilícita y revelación de secretos políticos y militares relacionados con la «seguridad de la nación».
31 de mayo de 2023. El empresario fue detenido en una operación llamada «Alta conspiración» por el régimen, cuando volvía de España a Venezuela, donde tiene tres compañías a su nombre. Está imputado por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones personales graves, daños a la propiedad, conspiración, traición a la patria, revelación de secretos militares y tráfico ilícito de armas y municiones. Se encuentra en la cárcel Rodeo I.
Dentro de la estrategia del régimen venezolano, poseer presos políticos de distintas nacionalidades refuerza su posición geopolítica. «En múltiples casos se ha utilizado a los detenidos con nacionalidad extranjera como pieza de negociación en diálogos políticos o en intercambios. Estas detenciones permiten al gobierno de Nicolás Maduro ejercer presión sobre otros países y buscar concesiones en sanciones o reconocimiento internacional», sostiene Foro Penal. Mientras que dentro de sus fronteras «refuerza la narrativa oficial de que Venezuela enfrenta una supuesta agresión extranjera».
¿Hay esperanza de que salgan de prisión? «Es imposible saberlo», responde Romero. «Aunque tienen acusaciones gravísimas sin ser responsables de esos crímenes, sus salidas son decisiones políticas». Cuando salgan necesitarán ayuda psicológica, como consta por los efectos en otras personas liberadas, y tendrán que huir del país, como aconsejan abogados y familiares. Son, desde que pisan esas cárceles, personas marcadas.
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Lucía Palacios | Madrid
María Díaz y Álex Sánchez
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